A falta de un informe oficial sobre las estadísticas registradas en cuanto a las sanciones interpuestas por el incumplimiento de las ordenanzas municipales en Benalmádena, ya disponemos de dos. Por un lado, está el que se le proporcionó al PSOE, certificado por el alcalde, Juan Antonio Lara, y disponible en la sede electrónica, en el que se avala un total de 352 denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales en lo que va de año y, por otro lado, hoy mismo el gabinete de comunicación del Ayuntamiento ha aportado uno nuevo, -a petición de este medio-, que sitúa el número de sanciones por este mismo motivo en más de 700, pero en el que se suman también las relativas a otras normas sectoriales de aplicación en el municipio.
Ahora, la portavoz del equipo de gobierno, Presi Aguilera, exige al PSOE “una rectificación pública” respecto a los datos que ellos mismos aportan a este grupo de la oposición sobre el número de sanciones tramitadas por incumplir las ordenanzas en Benalmádena. En concreto, el Gobierno local acusa al líder de la oposición, Víctor Navas, de “manipular” los datos aportados por el Departamento de sanciones a través de un documento en el que literalmente reza:
“Respuesta a la solicitud de información sobre sanciones tramitadas por incumplimiento de ordenanzas en 2022, 2023 y 2024:
- Número de sanciones tramitadas en el año 2022: 723 sanciones.
- Número de sanciones tramitadas en el año 2023: 729 sanciones.
- Número de sanciones tramitadas desde el 1 de enero de 2024 hasta el 28 de agosto de 2024: 352 sanciones.
Se adjunta un gráfico con la evolución del número de sanciones tramitadas en los años mencionados”
Y cuya veracidad viene certificada por la máxima autoridad en el municipio, el alcalde, Juan Antonio Lara, y la firma de un técnico municipal.
Tanto el informe que se le ha proporcionado al PSOE como el que ha hecho público hoy el gabinete de comunicación del Ayuntamiento provienen de la Administración pública y la única diferencia, parece ser, es que en el que les proporcionaron a los socialistas no se incluían las sanciones sectoriales.
De hecho, si le damos una vuelta de tuerca más al asunto, podría salir mañana a la luz un tercer informe oficial, en el que, por ejemplo, se incluyan también las infracciones de tráfico, seguridad ciudadana, seguridad aérea, impuestos especiales y otras normativas.
Este absurdo embrollo con las estadísticas nace de la denuncia del PSOE respecto a “la disolución de la unidad policial encargada de denunciar los comportamientos incívicos” y la respuesta del Gobierno local, mediante nota de prensa, sobre que “la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local cursa en lo que va de año más de 700 denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales”.
Para certificar la veracidad del dato, los socialistas solicitaron información oficial sobre el número de sanciones tramitadas por el incumplimiento de ordenanzas municipales en los últimos tres años y de ahí surge el primer informe proporcionado por el Departamento de Sanciones de la Policía Local, al que se suma uno nuevo -con fecha de hoy 4 de septiembre- en el que las cifras son distintas al incluir “infracciones a ordenanzas municipales y otras normas sectoriales de aplicación en el municipio, así como, departamentos y administraciones a las que se le han dado trámite para su inicio del procedimiento sancionador correspondiente”.
Al margen de este baile de cifras e informes varios, todos ellos proporcionados por el propio Ayuntamiento, la ciudadanía y personas que nos visitan este verano, siguen sin conocer qué ocurre con el servicio de recogida de basuras y limpieza de Benalmádena y cuando se normalizará, un derecho que debería ser una prioridad y estar en concordancia a los impuestos que pagan los contribuyentes para tal fin.
Transparencia
Precisamente respecto a la transparencia institucional, cabe recordar que la decisión del Gobierno local de Benalmádena de no aportar en tiempo y forma documentación pública reclamada por la oposición al final va a suponer un coste económico para los benalmadenses.
Y es que, los tribunales rectificaron el pasado mes de julio el auto relativo al recurso interpuesto por el PSOE ante “la inactividad del Ayuntamiento de Benalmádena, por incumplimiento de reclamaciones de fechas 9 y 13 de noviembre de 2023 de la ejecución del silencio administrativo positivo derivado de la solicitud de información presentada por los socialistas en fecha 5 de julio de 2023”, dando por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal -“al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la LJCA al haber facilitado a los recurrentes la información solicitada”- y han resuelto, finalmente, la imposición de costas a la Administración pública local. Dicha resolución fue notificada a ambas partes, «haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno».
Es decir, el Gobierno de Juan Antonio Lara al final le aportó la documentación requerida al PSOE evitando el procedimiento judicial, pero ahora tendrá que abonar las costas, un dinero que saldrá de las arcas municipales y por ende, del bolsillo de los benalmadenses.
Encima, para sumar desazón económica al ciudadano respecto a la gestión del Gobierno local en cuanto a este asunto, cabe resaltar que ésta es solo una de la casi veintena de demandas interpuestas por el PSOE de Benalmádena en los juzgados ante la presunta “falta de transparencia en el acceso a la información pública” por parte del Ayuntamiento.
