Estos días, el gobierno de Juan Antonio Lara ha aprobado el presupuesto municipal para 2026. Lo ha hecho con un dato demoledor: toda la oposición en bloque ha votado en contra. No es casualidad. Es consecuencia de una gestión económica que no resiste un análisis serio.
Los números hablan solos.
En 2023, el Ayuntamiento de Benalmádena ingresaba 114 millones de euros y contaba con 796 trabajadores públicos. Tres años después, en 2026, ingresará 113 millones, pero la plantilla ascenderá a 959 trabajadores. La conclusión es evidente: menos recursos para políticas públicas y más para sostener una estructura sobredimensionada.
Cualquier empresa que reduzca ingresos al mismo tiempo que dispara el gasto de personal estaría abocada al cierre. En la administración pública no se cierra, pero sí se resiente: se paralizan inversiones, se debilitan servicios y se compromete la estabilidad económica futura.
Y lo más grave es que este incremento de plantilla no se traduce en mejores servicios. Hoy Benalmádena tiene menos policías y menos personal operativo que en 2022. ¿Cómo es posible gastar más y ofrecer menos?
La respuesta, una vez más, está en las prioridades del gobierno de Lara.
Mientras recorta en políticas sociales, vivienda, mantenimiento o medio ambiente, el alcalde duplica el personal político a su servicio respecto a hace tres años. Porque para él la prioridad no es la ciudad, sino su aparato político.
Este es el modelo: más gasto improductivo, menos ingresos, menos servicios, más cargos políticos.
Benalmádena merece una gestión seria, transparente y responsable. Y mientras este gobierno persista en el camino del dispendio, no podrán contar con nuestra complicidad.
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