Un armador del Puerto Deportivo de Benalmádena trasladó al alcalde su malestar por lo ocurrido durante un espectáculo musical celebrado en el recinto. Era una queja legítima, documentada y compartida por buena parte de los usuarios de Puerto Marina. La respuesta que recibió no fue una disculpa ni un compromiso de mejora. Fue una carta firmada por la directora de explotación del Puerto en la que se le hacía saber, en términos que la oposición municipal califica de amenaza velada, que “la costa es amplia y que otros puertos recibirán con entusiasmo su particular forma de entender la convivencia entre armadores y usuarios”. En román paladino: si no le gusta, puede irse.
El grupo municipal de IU Podemos por Andalucía en el Ayuntamiento de Benalmádena ha hecho público un comunicado en el que exige al gobierno local que “se asuman responsabilidades políticas” por ese escrito. Su portavoz, Pablo Centella, lo califica de “extrema gravedad” y afirma que lo ocurrido “debería derivar en ceses y/o dimisiones”.
Lo que pasó aquella noche
Para entender el alcance de la reacción de la oposición conviene recordar qué motivó la queja del armador. El espectáculo musical celebrado en Puerto Marina derivó, según reconoció el propio concejal del Puerto, José Luis Bergillos, en un escenario que “se les fue de las manos”. Las consecuencias fueron visibles y sonoras: un macrobotellón sin control de aforo, vandalismo en los aseos destinados a los armadores, personas orinando y vomitando entre los vehículos aparcados, botellas y cristales diseminados por el recinto y un volumen de música que perturbó el descanso de turistas y residentes. A la mañana siguiente, el Puerto amaneció en un estado que los afectados no dudaron en calificar de “lamentable”.
Bergillos asumió los hechos ante el Pleno de la corporación. Reconoció los fallos. Pidió disculpas. Parecía, al menos en la superficie, que el gobierno municipal era consciente de lo ocurrido y estaba dispuesto a rendir cuentas. Lo que nadie sabía entonces, o al menos eso sostiene IU Podemos, es que en privado se estaba enviando un mensaje radicalmente distinto al armador que había tenido la iniciativa de protestar.
La carta de la discordia
“El escrito de esta señora contradice las palabras del propio concejal, pues no asume ninguno de los errores por los que Bergillos pidió disculpas”, afirma Centella. La carta de la directora de explotación no solo no reconoce ningún fallo: va más allá e invita al armador a plantearse si Puerto Marina es el lugar adecuado para él. Para el portavoz de IU Podemos, esa contradicción entre el discurso público del concejal y la respuesta privada de su subordinada no puede quedar sin consecuencias. “No entendemos que a fecha de hoy no haya sido cesada en sus responsabilidades”, concluye.
La oposición municipal plantea dos escenarios posibles, y ninguno de los dos deja en buen lugar al gobierno local. El primero: que el concejal Bergillos no supiera de la existencia del escrito antes de su envío. En ese caso, afirma Centella, estaríamos ante una cadena de mando rota en la que una responsable del Puerto actúa en sentido contrario a lo que su superior ha declarado públicamente. “El señor Bergillos debería presentar su dimisión”, sostiene el portavoz.
El segundo escenario es, si cabe, más perturbador. “Otra posibilidad es que fuera el propio alcalde el que estuviera al tanto de que esa carta se iba a enviar”, señala Centella, “por lo que el asunto tomaría otra dimensión más grave aún y las responsabilidades políticas le alcanzarían también a él”. Dicho de otro modo: si el primer edil conocía el contenido del escrito y no lo frenó, la crisis dejaría de ser un problema del concejal del Puerto para convertirse en un problema del conjunto del ejecutivo municipal.
Una crisis que viene de antes
El episodio de la carta no surge en el vacío. Puerto Marina arrastra desde hace tiempo un malestar acumulado entre los propietarios de embarcaciones que ha cristalizado recientemente en una movilización organizada. Tal y como adelantó en primicia este medio, la Plataforma para la Defensa de los Derechos de los Armadores del Puerto Deportivo de Benalmádena ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de Change.org en la que exige una intervención urgente en la gestión y las infraestructuras del recinto, el tercero más grande de España por número de amarres.
En su comunicado, la plataforma describe el estado de los pantalanes, las torretas de suministro eléctrico y de agua, los servicios de baño y duchas, la seguridad y la limpieza como “lamentable”, resultado de un mantenimiento limitado a la sustitución puntual de los elementos averiados sin que exista un plan preventivo. A ello se suman subidas de tarifas continuadas que, denuncian, no se han traducido en una mejora proporcional de los servicios.
La plataforma también hace referencia explícita a la carta enviada al armador. La describe como un texto que contiene “faltas de respeto” tanto al colectivo como a los profesionales que denunciaron los hechos, y la presenta como la evidencia más reciente del “desconocimiento y hasta el desprecio” con que, a su juicio, se han gestionado los derechos de los armadores.
El Pleno, último recurso
IU Podemos ha anunciado que ya ha registrado iniciativas sobre este asunto para el próximo Pleno de la corporación, que se celebrará en los próximos días. Centella confía en que esa sesión sirva para aclarar “todos estos extremos”: si el concejal conocía o no el contenido de la carta antes de su envío, si el alcalde dio su visto bueno, y si existe voluntad política real de asumir consecuencias.
Lo que el portavoz de IU Podemos no deja en el aire es la valoración de fondo: responder a una queja legítima invitando a su autor a buscar amarres en otro puerto no es un error administrativo, es una decisión política. Y las decisiones políticas, recuerda, tienen responsables.
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