La Fiscalía de Málaga ha incoado diligencias previas pre procesales penales sobre Renfe y sus gestores a raíz de la denuncia formulada por el sindicato CGT en la que planteaba que la eliminación de trenes de Cercanías en Málaga “vulnera los derechos ciudadanos y pudiera ser considerada delictiva conforme al Código Penal”.
Según expone la CGT, los 34 trenes de Cercanías diarios suprimiros en el núcleo de Málaga están encuadrados dentro de las Obligaciones de Servicio Público que “Renfe está obligada a prestar y por las cuales percibe subvenciones públicas conforme al contrato que tiene con el Estado y que está vigente hasta el año 2027”.
El sindicato advierte que desde el inicio de 2021 y hasta la fecha son más de 3.600 las supresiones de trenes de Cercanías OPS en Málaga pese a que el contrato vigente hasta 2027 establece que “diariamente deben circular como mínimo en nuestra provincia 136 servicios de Cercanías -108 en Málaga-Fuengirola línea C1 y 28 en Málaga-Álora línea C2”.
Las obligaciones de servicio público en España dan cumplimiento a las directivas europeas que se desarrollan mediante al Reglamento (CE) 1370/2007, cuyo objetivo, según los sindicalistas, es “definir las modalidades según las cuales, en cumplimiento de las disposiciones del derecho comunitario, las autoridades competentes podrán intervenir en el sector del transporte público de viajeros para garantizar que la prestación de servicios públicos de interés general -como son los Cercanías- sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido prestar”.
En el caso de nuestro país, estas bases se establecen a través de dos acuerdos de ministros, y de la reciente Ley 38/2015 del sector ferroviario, con la que se incorporan al ordenamiento español las nuevas normas contenidas en la Directivas europeas.
Los servicios ferroviarios de Cercanías son competencia de la Administración General del Estado y están considerados de interés general “por razones de eficiencia medioambiental, social y económica frente a otros modos de transporte terrestre”, tal y como estableció el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30/12/2010, que regula las obligaciones de servicio público de los servicios de transporte ferroviario de viajeros que presta Renfe-Operadora en la Red Ferroviaria de Interés General.
En esta línea, advierten que “la decisión unilateral de suprimir trenes de Cercanías, no solo atenta contra el derecho básico a la movilidad de la ciudadanía sino que contraviene al propio contrato-programa tras el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros en el que se destaca que los servicios públicos de interés general como es el Cercanías tienen vocación de ser más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos”.
Desde la CGT han manifestado que tras la admisión a trámite de su denuncia, “esperamos que se llegue hasta el fondo del asunto en beneficio del derecho a la movilidad de la ciudadanía y se realicen las imputaciones que correspondan a los responsables de Renfe con motivo de unas decisiones arbitrarias que pudieran conllevar un enriquecimiento injusto a costa del bien común y de los impuestos de todos”.
