Las familias de Santangelo Norte se reúnen con dos ministros para frenar el desahucio masivo

Llevan más de quince años viviendo en los mismos pisos, viendo crecer a sus hijos en los mismos patios, envejeciendo en los mismos pasillos. Ahora, las 90 familias de la urbanización Santangelo Norte se enfrentan a perderlo todo porque un fondo de inversión quiere comprar el edificio entero. Y el Ayuntamiento, dicen, “no está haciendo nada”.

Esta semana, sin embargo, algo se movió. Representantes de los afectados se sentaron con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Amador, y con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García. Dos reuniones que los vecinos describen como un punto de inflexión después de meses golpeando puertas sin respuesta.

En los encuentros con los responsables ministeriales, los afectados también expusieron la situación que atraviesa el municipio: proliferación de pisos turísticos, excesivos precios del alquiler y la ausencia de alternativas asequibles para familias en riesgo de exclusión residencial.

De las reuniones ministeriales salió algo concreto. La ministra Rodríguez García puso a los vecinos en contacto con la directora de Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo adscrita al Ministerio y puesta en marcha a finales de 2025. La plataforma, heredera del antiguo SEPES, gestiona decenas de miles de viviendas y suelos con el objetivo de contener el precio del alquiler. Su directora, según los afectados, no solo escuchó: llegó a plantear sobre la mesa alternativas como la posibilidad de que el Estado “compre el edificio si la operación con el fondo llega a consumarse”.

Los vecinos también han tendido lazos con otras comunidades en su misma situación a lo largo de la Costa del Sol y con distintas plataformas de defensa del derecho a la vivienda. La conciencia de que no están solos les ha dado fuerza para seguir, explicaron a este medio.

Los afectados viven en inmuebles de una promotora, subarrendados a través de una empresa de multipropiedad. Esa empresa estaría negociando ahora la venta del conjunto a un fondo de inversión, una operación que, denuncian, se está cerrando sin garantizarles el derecho preferente de compra que les ampara como inquilinos.

No todas las familias reciben oferta de compra, y quienes sí la reciben se encuentran con precios que varían de manera injustificada pese a que los inmuebles presentan características y superficies equivalentes. Además, los importes exigidos a los inquilinos serían sensiblemente superiores a los que la promotora negocia con el fondo para la operación global.

La situación se agrava por los plazos. Los contratos de arrendamiento de varias familias están a punto de vencer, y no hay garantías de renovación. Las últimas prórrogas, además, han llegado cargadas de cláusulas que los afectados consideran abusivas, un extremo que, indican, ha sido confirmado tras consultar con asesoramiento legal.

Frente a la interlocución conseguida con el Gobierno central, el contraste con la Administración local resulta llamativo. Los vecinos aseguran haber pedido al Ayuntamiento que actuase como mediador, que convocara reuniones, que les ofreciera algún tipo de respaldo institucional. La respuesta, dicen, “ha sido el silencio”. Son los propios residentes quienes, con sus gestiones directas, están intentando paralizar los desahucios.

El pasado 26 de abril salieron a la calle por primera vez. Se concentraron frente a las puertas del Ayuntamiento bajo el lema ‘Defiende Tu Techo’. Fue una protesta tranquila, pero firme. Y no descartan repetirla. Mientras el fondo de inversión avanza en sus negociaciones y los contratos se acercan a su fin, las familias de Santangelo Norte siguen esperando la ayuda institucional. Dos ministros encontraron tiempo para recibirles. El Ayuntamiento, a quien pidieron simplemente que mediara, todavía no ha encontrado el hueco.

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