Hay cosas con las que no se puede jugar. Y una de ellas es el agua. El agua que sale del grifo de cada casa, la que beben nuestras familias, la que usamos todos los días sin plantearnos si es segura o no. Por eso lo que está ocurriendo en Benalmádena no es un debate político más. Es algo mucho más serio: es una cuestión de salud pública y de dinero de los vecinos.
Porque los datos son claros. No son opiniones, no son interpretaciones, no son ataques políticos. Son los propios informes oficiales remitidos al Ministerio de Sanidad los que reflejan que, entre 2021 y 2024, en una red de distribución de distintos barrios del municipio el agua no era apta para el consumo humano, según los análisis realizados por la empresa concesionaria del servicio. Es decir, ha habido vecinos consumiendo agua no potable sin que se les diera una explicación clara, sin transparencia y sin asumir responsabilidades. ¿Cuántas personas, durante cuánto tiempo?
Y aquí viene lo más grave: cuando desde VOX hemos pedido explicaciones, cuando hemos solicitado la comparecencia del concejal delegado del agua para que dé la cara y explique qué ha pasado y qué piensan hacer en los próximos 25 años, la respuesta ha sido el silencio. El Partido Popular ha votado en contra. Han decidido que los vecinos no sepan. Han decidido que no haya explicaciones. Han decidido, en definitiva, mantener la opacidad.
¿Y qué se está ocultando? Mucho más de lo que quieren reconocer.
Durante 25 años de gestión del agua a través de una concesión indirecta, los vecinos han visto cómo el recibo no ha dejado de subir. Se ha duplicado en este tiempo y, en los últimos meses, ha vuelto a subir cerca de un 30%. Pero lo más preocupante es lo que viene: según sus propios planteamientos, pretenden triplicar el precio del agua en el futuro.
Y todo esto, ¿para qué? ¿Para tener mejor servicio? ¿Para tener mejor calidad? La realidad es justo la contraria. Tenemos infraestructuras envejecidas, problemas de calidad del agua, una dureza que destroza electrodomésticos y un nivel de residuo seco que preocupa a cualquiera que entienda mínimamente lo que está consumiendo. Y, por si fuera poco, análisis que han determinado que el agua no era potable en determinados momentos.
Pero el problema no es solo la calidad. Es también el dinero. ¿Dónde han ido a parar los cientos de millones de euros que los vecinos han pagado en sus recibos durante estos 25 años? ¿Por qué hay dividendos generados que no han llegado al Ayuntamiento? ¿Cómo se justifica que un 3% de cada recibo se destine a un concepto tan ambiguo como el «know-how» de la empresa concesionaria? ¿Quién controla eso? ¿Quién lo fiscaliza?
Y mientras tanto, seguimos pagando. Pagamos también un canon autonómico en cada factura. Un dinero que se lleva Juanma Moreno para la Junta de Andalucía. ¿Y qué se ha hecho con él? ¿Se ha mejorado las depuradora? ¿Se han reducido los olores? ¿Se trata mejor el agua? ¿Se ha invertido en infraestructuras? La respuesta, a la vista de la realidad, es que parece que nada. Y lo peor es que nadie parece dispuesto a explicarlo.
Por si todo esto fuera poco, ahora se pretende perpetuar el mismo modelo de gestión para los próximos 25 años. El mismo modelo que nos ha traído hasta aquí. Sin informes claros que lo justifiquen, sin transparencia, sin explicar por qué es la mejor opción. Simplemente quieren seguir igual. Eso sí, cobrando más.
Y aquí es donde está el verdadero problema: subir precios sin mejorar el servicio, exigir más dinero a los vecinos sin dar explicaciones, mantener la opacidad en un servicio básico y, lo más grave, hacerlo en un ámbito que afecta directamente a la salud de las personas.
Porque de eso estamos hablando. No de ideología. No de partidos. Estamos hablando de salud y de dinero. De lo que beben los vecinos y de lo que pagan por ello.
Y cuando se trata de eso, no caben excusas. No caben silencios. No caben maniobras para ocultar la realidad.
Lo que hace falta es transparencia. Explicaciones. Y responsabilidades.
Justo lo que hoy se está negando.
Aviso Legal sobre Contenidos de Opinión
El medio de comunicación digital Ole Benalmádena ofrece un espacio para la publicación de artículos de opinión elaborados por colaboradores externos, entre ellos representantes de distintos partidos políticos y otras entidades, así como cartas a la directora.
Por medio del presente aviso, se informa a todos los lectores y usuarios que las opiniones, ideas y expresiones vertidas en dichos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la postura ni los valores de este periódico.
En este sentido, Ole Benalmádena se exime de toda responsabilidad penal, civil, administrativa o de cualquier índole derivada de los contenidos publicados por los colaboradores. Los autores de los artículos serán los únicos responsables de las consecuencias legales que puedan derivarse de sus publicaciones.
Si cualquier usuario o lector detecta algún contenido que considere ilegal, ofensivo o contrario a las normativas vigentes, puede notificarlo a través de contacto@olebenalmadena.com y el equipo de Ole Benalmádena procederá a revisarlo de acuerdo con las leyes aplicables.
Agradecemos a nuestros colaboradores y lectores por contribuir al debate plural y respetuoso que caracteriza a este medio.
