La Inspección Laboral reclama al Ayuntamiento el abono de 444.850 euros por no haber cotizado correctamente a la Seguridad Social durante las contrataciones efectuadas en los programas Empleo30+, Empleo 45+ y el Plan Aire, entre los años 2019 y 2020.
El requerimiento fue notificado el pasado 25 de julio y es fruto de la investigación que ha realizado la Inspección laboral, que concluye que la Administración local no realizó correctamente las cotizaciones a la Seguridad Social y que a los participantes en los planes de empleo se les abonaron salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo municipal.
Los contratos laborales se realizaron siendo alcalde Víctor Navas, al que, según fuentes municipales, “desde Intervención se advirtió de que dichas contrataciones no respetaban los derechos salariales de los trabajadores, ni se efectuaban correctamente las cotizaciones a la Seguridad Social”.
Aunque la posibilidad de abonar la diferencia de salario ya ha prescrito, la Seguridad Social sí ha girado las correspondientes cartas de pago. Esta situación, “no esperada ni contemplada en el presupuesto municipal, generará un grave perjuicio económico a las arcas municipales”, se denuncia en una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento.
Por su parte, Navas ha explicado que esos planes de empleo dirigidos a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social “se realizaron tras la pandemia y dieron oxígeno a muchas familias que lo estaban pasando realmente mal. En Benalmádena fueron 125 contratos”.
El socialista afirma que algunos ayuntamientos renunciaron a aquellos planes de trabajo porque “una sentencia del TSJA había condenado meses antes al Ayuntamiento de Málaga a equiparar salarialmente a los funcionarios públicos con los beneficiaros de planes de empleo, cuyos contratos no exigían cualificación y eran -además- temporales”, mientras que otros, como fue el caso de Benalmádena, “consideramos que la situación de aquellos momentos merecía poner en marcha estas medidas, aún a riesgo de que la sentencia impuesta al Ayuntamiento de Málaga perjudicara al resto de consistorios”.
Respecto al requerimiento de la Inspección de Trabajo por la puesta en marcha de estos planes de empleo durante la pandemia, Navas ha valorado que “al igual que los centenares de ayuntamientos que lo han recibido, ahora lo que toca es recurrir, una decisión que tomaría cualquier gobierno municipal comprometido con los intereses de la ciudadanía y de la propia Administración local”.
Asimismo sugiere al alcalde, Juan Antonio Lara, que “si piensa que nos corrompimos o los gestionamos mal, ya sabe donde están los juzgados: que acuda a ellos en lugar de utilizar de forma partidista los medios institucionales para atacar a la oposición”.