El ‘caso Legionella’ vuelve a la actualidad informativa. El Juzgado de Instrucción Nº4 de Torremolinos ha citado a declarar al alcalde de Benalmádena y presidente de la empresa pública Provise Benamiel SL, Juan Antonio Lara (PP), en calidad de investigado por presuntas irregularidades en el procedimiento de compra de máquinas de limpieza ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal (que también actúan frente a la legionella).
El alcalde deberá comparecer el próximo 31 de marzo para declarar por posibles delitos contra la Administración pública derivados de la compra de esta maquinaria por valor de 35.404,60 euros de las arcas públicas, en la que pudieran haberse dado hechos consecutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
También han sido citados a declarar como investigados la, desde enero de este año, ex gerente de Provise, M.J.L.B., así como dos empresarios involucrados en el procedimiento de contratación, uno de ellos, marido de una concejala del equipo de Gobierno de Benalmádena, que también ha sido denunciado por presuntas amenazas y calumnias a un concejal socialista.
La decisión judicial que implica, entre otros, a Juan Antonio Lara es el resultado de una denuncia del PSOE ante la Fiscalía, en la que se reflejaban presuntas irregularidades en la compra de estos aparatos a través de dos contratos menores, que pudieran ser constitutivas de delitos de corrupción, y desde el Ministerio Público se remitiesen las actuaciones al juzgado de Torremolinos.
Sin licitación pública
El ‘Caso Legionella’ fue bautizado así por este medio con motivo del positivo a principios de 2024 en el colegio Mariana Pineda, que hizo saltar todas las alarmas respecto al gasto, meses antes, de un total 35.404,60 euros en maquinaria para el tratamiento de agua en centros educativos.
La compra de los aparatos se realizó través de dos contratos menores -con sendas facturas realizadas el mismo día y por un importe idéntico de 17.702,30€, impuestos incluidos- a “empresas vinculadas entre sí, relacionadas con el marido de una concejala del Gobierno local de Benalmádena”, según consta en el escrito de Fiscalía.
En cuanto a los presupuestos con idéntico total a pagar, resaltan “aparentes descuentos significativos” como la totalidad del coste de determinadas máquinas (son de dos tipos: limpieza ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal), o la gratuidad en la instalación, “lo que puede delatar la existencia de un acuerdo previo entre las empresas que vulneraría los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia”.
Asimismo, tal y como publicó este medio, la ahora ex gerente de la empresa pública benalmadense proponía la adquisición de “modelos específicos de máquinas de un fabricante concreto, que es una restricción injustificada que cercena la libre concurrencia y competencia en el proceso de contratación” y a la par, dejaba constancia escrita de que en marzo de 2023 ya se habían adquirido e instalado cinco máquinas ozonizadas para centros educativos, es decir, “el contrato menor ya había sido utilizado ese mismo año por lo que no se puede volver a emplear para el mismo objeto”.
