La gestión del agua en Benalmádena durante el último cuarto de siglo es el ejemplo perfecto de cómo una infraestructura pública esencial puede convertirse en una herramienta para desviar dinero público a bolsillos privados bajo la apariencia de legalidad y servicio.
Durante 25 años, el abastecimiento de aguas ha estado en manos de una empresa mixta, EMABESA, formada a partes iguales por el Ayuntamiento y un entramado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Una empresa que, lejos de garantizar un servicio de calidad, se ha convertido en el centro de un modelo clientelar, opaco, carísimo y absolutamente ineficaz.
Todo comenzó con un canon de 15 millones de euros que la empresa debía abonar al Ayuntamiento. Pero, lejos de pagarlo de su bolsillo, FCC le prestó ese dinero a EMABESA, cobrando por ello más de 10 millones de euros en intereses. Un préstamo para pagar un canon que acabamos pagando los ciudadanos casi dos veces.
El pliego de condiciones no exigía ni una sola inversión en infraestructuras. Solo mantenimiento. Y así ha sido: una red envejecida, ineficiente y repleta de roturas. Un agua dura, saturada de cal, que estropea electrodomésticos y muchas veces ni siquiera es consumida por los vecinos por su calidad. Una calidad del agua indigna para el coste que hemos soportado: 250 millones de euros en 25 años, a razón de 10 millones anuales.
¿Y a dónde ha ido a parar ese dinero? A un entramado de empresas vinculadas a FCC que han facturado, solo en operaciones vinculadas, más de 39 millones de euros sin pasar por los procedimientos legales de contratación pública. A eso hay que sumar el escándalo del 3 %: un porcentaje cobrado sobre cada factura del agua, aprobado por el consejo de administración —donde FCC y el Ayuntamiento están representados a partes iguales— pero jamás aprobado en Pleno ni recogido en los pliegos. Más de 7,5 millones de euros se han esfumado por este concepto opaco y difícil de justificar bajo el pretexto de un supuesto «saber hacer».
Añádase a esto otros 16 millones en dividendos, de los cuales 8 han ido a parar a FCC. La cifra final que ha acabado en las cuentas del socio privado supera los 70 millones de euros. Y los otros 8 del Ayuntamiento, se los ha quedado EMABESA. Así que, ¿qué hemos recibido los vecinos? Una red de tuberías de otro siglo, un servicio mediocre y una factura cada vez más elevada.
Lo más grave es que este modelo ha contado con la complicidad activa de todos los gobiernos municipales, independientemente de su color político. Desde Bolín hasta el PSOE, pasando por el Partido Popular, todos han sido parte de este expolio legalizado. Todos han preferido mantener el statu quo antes que poner luz y taquígrafos sobre lo que verdaderamente ocurre con el agua en Benalmádena.
El socio privado ha evitado que EMABESA se convirtiera en una agencia de colocación de amigos. Pero esa contención de plantilla —de 35 a 22 trabajadores en 25 años— queda completamente desvirtuada si tenemos en cuenta que los concejales del PP y el PSOE, que han gobernado, han cobrado sobresueldos como consejeros y directivos de EMABESA que superan los 400.000 euros anuales.
¿Y ahora qué? Ahora algunos quieren mantener el modelo. Otros quieren cambiarlo. Pero lo esencial no es si la gestión debe ser pública o privada. Lo esencial es que haya control, transparencia y responsabilidad. Si lo que se va a hacer es repartir agua y reparar fugas, que lo haga el Ayuntamiento. Pero si se quiere ir más allá —mejorar, invertir, modernizar—, habrá que hacerlo con otra mentalidad y bajo otras condiciones.
Lo que no se puede es repetir el modelo que ha regido hasta ahora: un modelo de saqueo con apariencia de servicio. Porque si no aprendemos de estos 25 años, los próximos 25 serán aún más costosos, más opacos y, sobre todo, más vergonzosos.
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