El hotel Vivemar de Benalmádena costa volverá a cerrar sus puertas y esta vez no podrá hacerlo con turistas dentro ni habrá “declaración responsable” que pueda evitarlo. Una sentencia del Tribunal Supremo de este 25 de junio pone punto y final al conflicto en torno este establecimiento hotelero, antes conocido como Vistamar, y devuelve la posesión a sus propietarios.
Y es que, tal y como probaron en todas las anteriores instancias judiciales, la cesión para su explotación no contaba con consentimiento contractual, además del “incumplimiento de la cláusula decimoquinta del contrato de arrendamiento de industria de 4 de septiembre de 2014”. Así que si no lo podía explotar mucho menos subarrendar o traspasar su titularidad a un tercero sin el consentimiento de sus dueños, que es precisamente lo que ha ocurrido a lo largo de estos años que ha durado el litigio civil.
Los propietarios, según han confirmado a este medio, ya han dado traslado de la sentencia del Supremo al Ayuntamiento -conocedor de todos los antecedentes judiciales- para que proceda de inmediato a su cierre “al estar ocupado de forma ilegal” y esperan que la empresa que lo está explotando en la actualidad “nos lo entregue voluntariamente y no tengamos que pedir el lanzamiento judicial”.
Ahora, el futuro de este hotel es incierto puesto que, en palabras de sus dueños, “no sabemos en qué condiciones nos los vamos a encontrar pues de lo único que tenemos certeza es de que no se han pasado las inspecciones obligatorias por lo que somos conscientes de que requerirá de trabajo y por supuesto, de una inversión económica”.
Por otro lado, aunque la vía civil ya ha sido agotada con el respaldo de Supremo ante el que no cabe recurso, todavía quedan por resolverse los litigios penales interpuestos por supuestas irregularidades administrativas, su explotación ilícita y falsedad documental, entre otros, en los que los demandados se enfrentan a penas de prisión.
Cabe recordar que la controversia en tono a este hotel de Benalmádena surge en 2015 cuando esta familia se lo arrienda a una sociedad administrada por un empresario de origen iraní, al que solo tres años después denunció por incumplimiento de contrato por haber cedido su titularidad a un tercero y continuados impagos.
Pese “a estar buscado por la justicia y carecer de documentación” para operar en nuestro país, este empresario iraní, que se declaró insolvente, lo subarrendó, según han podido acreditar ante la justicia los propietarios, a través de “un contrato falso”. A todo esto, el establecimiento seguía abierto al público y gestionado por un entramado societario investigado judicialmente, ajeno a los legítimos propietarios -que sí han tenido que seguir haciéndose cargo del pago de impuestos y tasas pertinentes-.
En estos años, la explotación del hotel ha seguido activa con el mismo modus operandi: pasando la titularidad de una a otra empresa, que “se han ido tomando el relevo según se iban declarando insolventes”. Todo ello, pese a que, como consta en la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso este medio, la cesión no era legal y así quedó probado en primera y segunda instancia judicial.
Aun no contando con los permisos obligatorios en regla para operar en el sector, como el estar inscrito en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía y a través de la figura la declaración responsable, -cuyo objetivo es facilitar y agilizar la burocracia de las administraciones-, este entramado de empresas ha logrado durante años explotar este hotel de Benalmádena sin abonar alquiler a sus propietarios, con lo que obviamente tampoco tenían ningún tipo de relación contractual, y que estos tengan constancia, sin hacerse cargo de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Finalmente ha tenido que ser el Supremo quien ponga orden y devuelva la propiedad a sus dueños.
Al margen, ahora quedaría por resolver qué ocurrirá con la actual plantilla de trabajadores y ex empleados recientes de la empresa que actualmente explota comercialmente el hotel Vivemar, que durante estos días, en los que el establecimiento saltaba a la actualidad informativa al ser precintado con 200 turistas dentro, han denunciado un sinfín de presuntas irregularidades laborales.
“Incumplimientos en el abono de salarios, finiquitos impagados y de vacaciones no disfrutadas, despidos improcedentes e incluso el que no abonan las retenciones” son algunas de las denuncias hechas públicas ante los medios de comunicación por varios trabajadores, que además, aseguran que “el hotel siempre está lleno, sin que sepamos donde va ese dinero”.