
Benalmádena se ha convertido en un ejemplo de lo que no debe ser una política de vivienda: una sucesión de decisiones improvisadas, orientadas al titular fácil o al interés ajeno, pero completamente desconectadas de las verdaderas necesidades de nuestros vecinos. Mientras los jóvenes no pueden emanciparse, las familias no encuentran vivienda y los precios se disparan, el Partido Popular prefiere seguir alimentando el mismo modelo de siempre: más hoteles, más proyectos turísticos y más operaciones de escaparate, pero ninguna política para facilitar el desarrollo del suelo residencial ni la construcción de viviendas en los suelos del municipio, ni maduración del suelo para la construcción de hogares.
Hace unas semanas, el equipo de gobierno trajo al pleno una modificación del artículo 166 del Plan General de Ordenación Urbana. Dicha modificación facilita el desarrollo de suelos hoteleros y sanitarios, pero olvida el uso residencial. En otras palabras: se hace más fácil construir hoteles, pero no viviendas. Y ese es precisamente el mayor problema de Benalmádena. No faltan hoteles, faltan hogares. Somos, junto con Torremolinos, el municipio con mayor planta hotelera de la Costa del Sol, y sin embargo seguimos sin ofrecer a los benalmadenses un horizonte de acceso a la vivienda.
Al mismo tiempo, la única medida de vivienda que presenta el Partido Popular no resuelve nada y probablemente agrave aún más el problema. Cedieron a una asociación china uno de los suelos más valiosos y mejor ubicados del municipio —a la entrada de Benalmádena Pueblo— para levantar un macroproyecto cultural con un templo y un Buda gigante. No estamos en contra del proyecto cultural, pero su ubicación es un error monumental. Ese suelo, dotacional público, podía haberse destinado a viviendas de protección oficial en alquiler, tal y como permite la propia legislación autonómica. Allí hay colegios, hospital, transporte, comercios: todo lo que necesita un barrio vivo y funcional. En lugar de aprovechar esa oportunidad, el PP la regaló.
Y mientras tanto, con dinero público, el Ayuntamiento compra terrenos en lo alto del Calamorro, al otro lado de la autovía, para construir allí casi 300 viviendas de protección oficial. Un emplazamiento aislado, sin transporte ni servicios, donde el propio Plan General solo permite urbanizar prácticamente esa parcela concreta, rodeada de monte. Eso no es dar respuesta a la necesidad de vivienda, eso es crear guetos.
Esta es la política de vivienda del Partido Popular: solo favorecer al inversor, al promotor y al titular de prensa, mientras se margina al vecino. Una política sin alma, sin sentido común y sin una visión de ciudad equilibrada y habitable.
Desde VOX lo tenemos claro: Benalmádena necesita un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que fomente la maduración del suelo residencial y la construcción de viviendas. Necesita vivienda asequible, planificación sensata y diversificación económica. Porque, como sucede en otras ciudades, podríamos llegar a tener la paradoja de ser una ciudad referente en lo turístico, pero que no permita vivir a sus ciudadanos y a sus vecinos en ella.
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