Así, mientras el Gobierno local a través de una nota de prensa y las redes sociales del Ayuntamiento anuncia que trasladará a Fiscalía el contrato, adjudicado por la anterior corporación PSOE-IU en 2022, los socialistas aseguran que el alcalde, Juan Antonio Lara, “vuelve a intentar desviar la atención de su nefasta gestión con otra cortina de humo”.
En este sentido, el PSOE se pregunta “qué va a llevar exactamente a Fiscalía” y aconseja al primer edil que haga pública la sentencia, “para que los vecinos puedan comprobar por sí mismos si en ella se exige responsabilidad alguna al anterior gobierno o al concejal Joaquín Villazón”.
El secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, también ha denunciado que el alcalde de Benalmádena vuelve a usar los medios públicos del Ayuntamiento para “crear cortinas de humo que tapen su nefasta gestión al frente del Consistorio” pues, según recalca Navas, la sentencia “no reprocha nada al anterior Gobierno, sino que critica la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía y ordena al Ayuntamiento retrotraer las actuaciones al momento de la adjudicación, teniendo en cuenta nuevos criterios”.
La judicialización del contrato del mantenimiento de las zonas verdes de Benalmádena, que se adjudicó en 2022, viene tras darse la circunstancia del empate de siete candidatas. El criterio que se utilizó para desempatar fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, estableciendo dicho cómputo “en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían”.
El contrato se adjudicó en aquel momento a la UTE de empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón, y el técnico responsable de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Benalmádena, “frente al distinto criterio de interpretación del interventor y la vicesecretaría municipal”.
Por ello, según los socialistas, “y ante el temor de que las empresas en liza por la adjudicación del contrato acudieran al recurso contencioso administrativo, paralizando con ello la adjudicación, se formuló recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que semanas después se pronunció a favor de la interpretación que adjudicaba el contrato a la UTE de empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal”.
Tras ello, la UTE de empresas Integra y Talher interpuso el recurso contencioso administrativo al que en la actualidad da la razón el Supremo, obligando al Ayuntamiento a anular el contrato, contabilizar de nuevo el número de trabajadores con discapacidad según criterios cuantitativos y no porcentuales y volver a adjudicar el servicio de mantenimiento de zonas verdes del municipio a la empresa que procesa, “sin señalar ningún tipo de responsabilidad adicional respecto a los miembros de la Mesa de Contratación de 2022”.
Indemnización
La UTE Integra y Talher, que ya está operando en el municipio, ha solicitado ahora al Ayuntamiento de Benalmádena una indemnización de 666.845,77 euros por la parte del contrato que le ha sido imposible ejecutar al haberlo hecho de manera indebida otra contratista.
Mientras que la intención del Ayuntamiento es pagar, los socialistas afirman que “la sentencia no menciona esta ‘generosa’ indemnización que el alcalde Lara ha regalado a la nueva adjudicataria para evitar que abandone el servicio. Un regalo que pagamos todos los benalmadenses con nuestros impuestos y que el alcalde ha consentido sin reparos”.
Asimismo, advierten de que esta nueva maniobra de distracción “pretende ocultar los verdaderos problemas de gestión del Gobierno local”, como “las denuncias judiciales relacionadas con la apertura del Hotel Vivemar, la investigación al alcalde Juan Antonio Lara por la compra de maquinaria de legionella al marido de una concejala, o la parálisis generalizada de la Administración municipal”.