El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos ha registrado este en el Ayuntamiento de Benalmádena una moción en la que insta al Pleno a constituir una comisión de investigación para esclarecer las posibles responsabilidades políticas de los tres casos judiciales que actualmente afectan al equipo de Gobierno: los conocidos como caso Legionella, caso Chárters y caso hotel Vistamar.
La gravedad del asunto reside no solo en la naturaleza de los delitos investigados —entre otros, prevaricación y malversación de fondos públicos, en algún supuesto en beneficio de familiares directos de miembros del Gobierno local—, sino en el hecho de que entre los investigados figura el propio alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. A pesar de ello, ningún cargo del Consistorio ha comparecido públicamente para dar explicaciones a la ciudadanía.
El portavoz de la coalición, Pablo Centella, ha querido despejar cualquier equívoco sobre las intenciones de la iniciativa: la comisión no busca interferir en los procedimientos judiciales en curso —cuyo ámbito de actuación es, a su juicio, independiente del político—, sino garantizar que los vecinos de Benalmádena obtengan respuestas en “la sede de la soberanía popular local, nuestro Ayuntamiento”.
Con estas palabras, Centella ha lanzado un desafío directo al Partido Popular: si el alcalde Lara y su equipo bloquean la constitución de la comisión, esa misma decisión pasará a ser un dato político de primer orden para la opinión pública. La pelota queda ahora en el tejado del partido gobernante.
En cuanto al calendario, la moción propone que la comisión no se constituya hasta después de las elecciones autonómicas, con el fin de no contaminar la campaña electoral. Una vez en marcha, dispondría de un máximo de cuatro meses para emitir su dictamen, y cada grupo político podría solicitar la comparecencia de hasta tres personas por cada uno de los tres casos analizados.
La moción deberá ser debatida y votada en el próximo pleno ordinario. La respuesta de la mayoría absoluta del equipo de Gobierno —que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre las investigaciones judiciales en curso— será determinante para conocer si la comisión llega a constituirse y en qué condiciones.
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