En junio de 2024, el Ayuntamiento le concedió la licencia de reapertura a la explotadora, tras presentar únicamente declaración responsable de estar en regla. Una declaración no verificada porque lo cierto es que ya que existían dos sentencias judiciales, ahora firmes por el Tribunal Supremo, sobre la ilegalidad en su explotación, al no existir contrato alguno con los legítimos propietarios del hotel, Promociones Los Nadales SA.
Además, esta empresa tampoco disponía de inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía, de obligado cumplimiento para poder desarrollar esta actividad económica. Aún así, y con un fugaz precinto por medio –con 200 turistas dentro– el pasado mes de junio, esquivado de nuevo con la presentación de la recurrente, en este caso, declaración responsable, el hotel ha seguido facturando todos estos meses de temporada alta sin que el Ayuntamiento ejecutase la orden de cierre.
En la tarde de ayer, y sin previo aviso a la propiedad, que espera tomar posesión de su complejo hotelero como ordena la justicia, el Ayuntamiento procedió finalmente a su clausura. Para ello, se desplazaron al establecimiento hotelero, Bomberos, Policía Local y Nacional al objeto de asegurar el desalojo de turistas y empleados.
Sin embargo, según explican los dueños del hotel, “ahora resulta que han alquilado habitaciones a sus trabajadores y a particulares como vivienda habitual, lo que contraviene la ley de turismo, así que nos encontramos con un problema añadido”.
Aunque anoche quedó precitada la puerta principal y el garaje, esta mañana había trasiego de personas y vehículos en su interior, tal y como han podido verificar varios vecinos aledaños al hotel.
Así las cosas, la batalla judicial parece que no llega a su fin para los propietarios del hotel benalmadense, que ahora se enfrentan a nuevos okupas y también tienen pendiente la resolución de la causa penal abierta contra el Ayuntamiento de Benalmádena por las posibles irregularidades administrativas incurridas en su actuación.
Odisea judicial
Cabe recordar que la controversia en torno a este hotel de Benalmádena viene de largo. En concreto, surge en 2015 cuando esta familia se lo arrienda a una sociedad administrada por un empresario de origen iraní, al que solo tres años después denunció por incumplimiento de contrato por haber cedido su titularidad a un tercero y continuados impagos.
Pese “a estar buscado por la justicia y carecer de documentación” para operar en nuestro país, este empresario iraní, que se declaró insolvente, lo subarrendó, según han podido acreditar ante la justicia los propietarios, a través de “un contrato falso”. A todo esto, el establecimiento seguía abierto al público y gestionado por un entramado societario investigado judicialmente, ajeno a los legítimos propietarios -que sí han tenido que seguir haciéndose cargo del pago de impuestos y tasas pertinentes-.
En estos años, la explotación del hotel ha seguido activa con el mismo modus operandi: pasando la titularidad de una a otra empresa, que “se han ido tomando el relevo según se iban declarando insolventes”. Todo ello, pese a que, como consta en la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso este medio, la cesión no era legal y así quedó probado en primera y segunda instancia judicial
Aun no contando con los permisos obligatorios en regla para operar en el sector, como el estar inscrito en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía y a través de la figura la declaración responsable, -cuyo objetivo es facilitar y agilizar la burocracia de las administraciones-, este entramado de empresas ha logrado durante años explotar este hotel de Benalmádena sin abonar alquiler a sus propietarios, con lo que obviamente tampoco tenían ningún tipo de relación contractual, y que estos tengan constancia, sin hacerse cargo de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.