El Gobierno municipal del Partido Popular en Benalmádena acumula una inédita concentración de frentes judiciales abiertos que, lejos de disiparse, no hacen sino crecer. Dos grupos de la oposición —PSOE y VOX, de signo ideológico opuesto— han confluido esta semana en una misma exigencia: el alcalde Juan Antonio Lara debe salir a dar explicaciones públicas ante sus vecinos. El silencio, de momento, es la única respuesta del equipo de Gobierno.
Tres casos, un mismo patrón
Las causas judiciales que rodean al ejecutivo popular local se han ido acumulando a lo largo de la legislatura con una cadencia que los grupos de la oposición califican ya de sistemática.
La más reciente es la imputación del concejal de Comercio y Aperturas, Raúl Campos, en el denominado caso Vistamar, por una presunta prevaricación vinculada a un supuesto trato de favor a los explotadores ilegales de un establecimiento hotelero, que se ha saldado, de momento, con seis detenidos.
A ello se suma la reapertura de la causa por presuntos delitos de malversación y prevaricación en el Puerto Deportivo, el conocido como caso Charters, relacionado con un trato preferente a embarcaciones de recreo.
Y sobre el propio alcalde pesa el denominado por este medio caso Legionella: una investigación por la adquisición de maquinaria a través del entorno familiar de una concejala del equipo de Gobierno y mediante un presunto fraccionamiento irregular de contratos.
La secretaria general adjunta del PSOE local, María Isabel Ruiz, concejala y diputada socialista, lo resume con crudeza: “En apenas tres años de mandato, parte del equipo de Gobierno se encuentra investigado en diferentes causas relacionadas con la gestión pública”.
“Clientelismo y caciquismo”
Para el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, el hilo conductor de todos estos procedimientos es inequívoco: “Todas estas investigaciones tienen un elemento común: el presunto trato de favor a personas afines y cercanas al Gobierno municipal, lo que evidencia una forma de gobernar basada en el clientelismo y el caciquismo”.
La radiografía socialista va más allá de los tres casos penales. El grupo municipal recuerda que el Ayuntamiento acumula 17 demandas en los juzgados por falta de transparencia, con siete sentencias que ya han condenado al Consistorio a miles de euros en costas. A ello se añade la anulación judicial del presupuesto municipal de 2024 —el primero firmado por Lara— que derivó en la intervención de distintas administraciones.
El PSOE apunta además a vínculos de miembros y asesores del actual equipo de Gobierno con casos de corrupción de etapas anteriores, un elemento que, a su juicio, agrava aún más el cuadro de fondo.
La coincidencia de VOX con la izquierda en este asunto es, por sí sola, elocuente. El portavoz del grupo municipal, Joaquín Amann, advierte de que “ya no estamos hablando de un caso aislado, sino de tres casos dentro del mismo equipo de Gobierno y en menos de tres años de mandato”.
Para Amann, la clave del problema no es solo la existencia de investigaciones judiciales, sino la actitud del PP ante ellas: “Lo más grave no es solo que existan investigaciones judiciales, sino el silencio con el que el Partido Popular está respondiendo a unos hechos de enorme gravedad pública”.
El portavoz de VOX es contundente al señalar al modelo de gestión como origen del problema: “Cuando no hay control, aparece la opacidad; cuando no hay transparencia, aparecen las dudas; y cuando no hay explicaciones, lo que crece es la desconfianza”. En esta línea, advierte de que “la mayoría absoluta le está sentando mal al Partido Popular, pero lo peor es que le está sentando mal a Benalmádena”.
Asuntos de fondo: Tívoli, el agua y el urbanismo
Ambos grupos subrayan que la exigencia de transparencia no es una cuestión meramente judicial. El contexto municipal hace aún más urgente esa rendición de cuentas: sobre la mesa están decisiones de enorme calado para Benalmádena, como el desarrollo urbanístico de los terrenos de Tívoli World o la gestión del servicio del agua. Tomar esas decisiones bajo la sombra de varios procedimientos penales abiertos es, para la oposición, “inaceptable”.
“Los vecinos y vecinas de Benalmádena merecen explicaciones claras, con luz y taquígrafos”, han coincidido tanto Navas y Ruiz desde el PSOE como Amann desde VOX.
El PP, sin respuesta
El equipo de Gobierno de Juan Antonio Lara no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a las exigencias de la oposición. Desde el PSOE recuerdan que durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento no se produjo ninguna investigación judicial por corrupción que afectara a la Alcaldía. El contraste con la situación actual, advierten, habla por sí solo.
Benalmádena tiene un Gobierno con mayoría absoluta, tres causas penales abiertas, 17 demandas por opacidad y un presupuesto anulado por los tribunales. Y, de momento, ninguna explicación por parte de sus gobernantes.
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