Hay historias que se repiten con un guion casi idéntico. A 200 kilómetros de distancia, Écija y Benalmádena atraviesan estos meses el mismo trance: el fin de un cuarto de siglo de gestión privada del agua y la decisión, tomada por sendos gobiernos del PP, de no municipalizarla.
En Écija, la concesión del abastecimiento y el alcantarillado —gestionada por la empresa mixta Aqua Campiña, con Aqualia como socio privado— cumple sus 25 años en 2026. En Benalmádena, el contrato con Aqualia en Emabesa expiró el pasado verano tras el mismo cuarto de siglo. En los dos casos, agotada la concesión, se abría la puerta a recuperar la gestión pública. Y en los dos casos, el Gobierno local encargó a la misma consultora, Eguesan Energy S.L., el informe que debía “determinar la forma de gestión” del servicio. En los dos casos, la conclusión fue idéntica: la gestión indirecta, es decir, seguir en manos privadas.
Informes bajo sospecha
En Écija, ese informe ya no es solo objeto de debate político sino de investigación penal. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla ha abierto diligencias por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a Eguesan Energy, formalizado en marzo de 2025. Según el atestado de la Guardia Civil, dos ofertas que parecían de empresas distintas procedían en realidad del mismo operador económico, lo que habría roto el carácter secreto de las propuestas y vulnerado la ley de contratos públicos. Hay tres investigados, entre ellos un concejal de Urbanismo del PP, y los hechos podrían constituir prevaricación o fraude en la contratación.
En Benalmádena, el contrato para el mismo tipo de informe se adjudicó en octubre de 2024 también como contrato menor, sin necesidad de licitación pública. El Ayuntamiento argumenta que consultó a ocho despachos y consultoras, pero, curiosamente, solo Eguesan Energy presentó oferta, por 11.300 euros, prácticamente el tope de licitación. Sin competencia real, esa fue la empresa que meses después firmó el estudio que el Gobierno de Juan Antonio Lara ha usado para justificar la continuidad del modelo privado y, de paso, ha impulsado una nueva subida de tarifas del agua a los vecinos.
De la sospecha al juzgado
La oposición benalmadense no ha tardado en establecer el paralelismo. El PSOE local ya advirtió meses atrás que la consultora que redactó este informe “figura en una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por un caso similar en Écija”, lo que a su juicio “aumenta las dudas sobre la limpieza del proceso”. El viceportavoz socialista, Víctor Navas, lo resume así: “No estamos ante un debate ideológico, sino ante un procedimiento viciado de origen, con graves carencias técnicas y legales que el Gobierno municipal ha decidido ignorar conscientemente”.
Esa sospecha ya tiene recorrido judicial en Benalmádena. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra el pleno de diciembre de 2025 que desestimó, sin entrar en el fondo, todas las objeciones de la oposición al proceso. El Ayuntamiento tiene ahora veinte días para remitir el expediente completo.
Lo que está en juego
Las cifras que maneja el propio estudio del Gobierno local dan la medida del negocio. Según la oposición, los ingresos del servicio en Benalmádena pasarán, según ese informe, de 11,7 millones de euros en 2026 a más de 30,7 millones en 2050, lo que en la práctica supone triplicar el recibo. Una familia que hoy paga unos 60 euros de agua cada dos meses podría pagar 180 dentro de 25 años. En Écija, para 40.000 vecinos, el propio PSOE local reclama transparencia y un calendario público antes de que la decisión, en sus palabras, “termine en los juzgados” —como ya ha ocurrido en Benalmádena.
Dos pueblos, una misma consultora, un mismo argumento calcado en dos plenos distintos separados por meses y kilómetros con un patrón con un beneficiario muy concreto, porque mientras se investiga si el proceso en Écija estuvo amañado, en Benalmádena el Gobierno de Juan Antonio Lara ha usado exactamente el mismo tipo de informe para blindar durante otros 25 años el negocio de una multinacional y aprobar, de paso, que las familias paguen el triple por un bien de primera necesidad.
El PP puede seguir llamándolo “análisis técnico independiente”. Lo que muestran los hechos es otra cosa: un contrato adjudicado sin licitación pública, una sola oferta presentada y una empresa que, cuando ha hecho lo mismo en otro municipio, ha terminado señalada por la Fiscalía. Que el agua de miles de vecinos dependa de un informe elaborado en esas condiciones no es un detalle administrativo. Es la base sobre la que se decide, durante los próximos 25 años, cuánto va a pagar cada vecino de Benalmádena por abrir el grifo.
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