Facua Málaga (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción) insta al Ayuntamiento de Benalmádena a recuperar la gestión pública del suministro de agua una vez que ha finalizado este verano el periodo de 25 años de participación de la multinacional Aqualia en Emabesa, empresa que acomete la gestión de ciclo integral del agua en la localidad. Emabesa en la actualidad presta el servicio en precario, sin ejecutar inversión alguna ni abonar el correspondiente canon al Ayuntamiento.
La federación de asociaciones de consumidores recuerda que el agua “es un bien esencial, patrimonio común y su acceso es un derecho humano, pues es determinante en la salud y calidad de vida de las personas. Reconocido legalmente como suministro básico, también es un elemento clave en los ecosistemas, así como en el desarrollo de la actividad económica”.
Así, a juicio de Facua, todas estas circunstancias “justifican suficientemente que la gestión del agua se acometa desde lo público, no permitiendo su mercantilización y que las autoridades municipales garanticen el interés general de la ciudadanía por encima de intereses privados de inversores internacionales”.
Por ello, Facua Málaga entiende que el modelo de gestión directa ofrece mayores garantías a los usuarios y consumidores, ya que la gestión indirecta del suministro de agua a través de la participación de capital privado supone una mercantilización en régimen de monopolio.
Sin competencia entre empresas desaparecen las supuestas ventajas de la privatización y el libre mercado, no dando lugar al abaratamiento de precios ni a mejor calidad de los servicios. Por otro lado, atendiendo al principio de recuperación de costes establecido en la UE por la Directiva Marco del Agua, las tarifas deben recaudar los fondos necesarios para cubrir los costes del servicio, manteniendo y mejorando su calidad e infraestructuras.
En el caso de la gestión indirecta, las tarifas también deben generar beneficios a los inversores, lo que suele ir en perjuicio de la realización de obras y mejoras de las infraestructuras. Además, las entidades gestoras del agua deben trabajar en la gestión de la demanda, para reducir el consumo de agua y a la vez garantizar precios asequibles a la ciudadanía. Son componentes de gestión que combinan mal con el beneficio privado.
Desde las asociaciones de consumidores no se entienden los motivos por los que el equipo de Gobierno de Juan Antonio Lara “está empeñado en entregar la gestión del agua a manos privadas, en lugar de asumir la responsabilidad de su gestión directa y así velar por el interés de la ciudad, el bienestar futuro de sus habitantes y sus empresas”.
En este sentido, subrayan que son conocidas las experiencias en que importantes municipios españoles han decidido retomar la gestión directa del suministro de agua a través de su remunicipalización. Por otro lado, existen ejemplos de gestión directa con altos niveles de eficiencia, a través de empresas de capital totalmente público.
Por último, Facua Málaga reivindica transparencia y participación ciudadana como principios imprescindibles para una gestión justa y democrática del Ciclo Integral del Agua, siendo estos impracticables en el modelo de gestión privada.
Recursos de la oposición
A par, en la sesión extraordinaria del Pleno de hoy, el PP ha vuelto a hacer valer el rodillo de su mayoría absoluta para rechazar los recursos de reposición presentados por todas las fuerzas de la oposición (PSOE, Vox e IU-Podemos) frente a la privatización del agua en Benalmádena.
En este sentido, la portavoz del PSOE, Sandra Ochoa, ha señalado que “el gobierno de Lara ha decidido imponer su mayoría absoluta para evitar un debate sereno, transparente y riguroso sobre el futuro del agua, un bien público esencial que afecta a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena”. Ochoa ha añadido que “no se puede tomar una decisión de esta magnitud sin consenso social y político, y mucho menos ignorando de forma deliberada los recursos presentados por la oposición”.
Con esta decisión, “el gobierno del PP hurta a la ciudadanía la posibilidad de debatir y decidir sobre el futuro de uno de los bienes públicos más importantes de Benalmádena. El agua pasará a ser gestionada por una empresa privada cuyo objetivo prioritario es el beneficio empresarial, y no el interés general del municipio, con el beneplácito expreso del gobierno de Lara”.
Igualmente, el viceportavoz del PSOE, Víctor Navas, ha advertido de las consecuencias jurídicas y económicas del procedimiento seguido: “No estamos ante un debate ideológico, sino ante un procedimiento viciado de origen, con graves carencias técnicas y legales que el gobierno municipal ha decidido ignorar conscientemente”. Según Navas, “rechazar estos recursos sin responder a su contenido esencial supone asumir un riesgo jurídico innecesario que puede acabar costando muy caro a Benalmádena”.
Además, desde la oposición se denuncia que el equipo de Gobierno ha rechazado los recursos “sin dar respuesta a ninguna de las cuestiones de fondo planteadas, a pesar de la gravedad de las deficiencias señaladas, que afectan directamente a la legalidad y seguridad jurídica del procedimiento”.
“Los recursos presentados no han sido contestados en su contenido fundamental, persistiendo defectos graves que impiden dictaminar el expediente con garantías”, ha advertido Navas. “Se ha elegido un modelo de gestión sin haber analizado previamente su sostenibilidad financiera real. El propio informe de Intervención reconoce que dicho análisis se pospone a una fase posterior, cuando la ley exige que sea previo a la decisión”, ha detallado Navas acerca de uno de los recursos presentados.
“El Plan de Inversiones, superior a 54 millones de euros y base económica del modelo elegido, no formaba parte del expediente sometido a votación, vulnerando el artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, ha criticado Navas. “Además, no existe un estudio económico comparativo completo de todas las formas de gestión directa previstas en la ley (organismo autónomo, entidad pública empresarial y sociedad mercantil pública), incumpliendo así el artículo 85.2 de la Ley de Bases del Régimen Local”, ha añadido.
Asimismo, aseguran que los informes no identifican al técnico redactor concreto, su titulación ni su responsabilidad profesional, lo que impide el control técnico exigible en un procedimiento de esta naturaleza.
Ante estas carencias, desde la oposición se solicitó formalmente dejar el asunto sobre la mesa por expediente incompleto, o retrotraer el procedimiento al momento previo a la elección del modelo de gestión. “El PP ha preferido mirar hacia otro lado y seguir adelante cueste lo que cueste”, ha concluido Sandra Ochoa.
“Rechazar los recursos en estas condiciones no es una decisión política, sino la asunción consciente de un riesgo jurídico evidente. El gobierno de Lara vuelve a anteponer su mayoría absoluta a la transparencia, la legalidad y el interés general de Benalmádena”, ha finalizado Navas.