El nuevo logo oficial impulsado por el Gobierno local del PP tiene todas las papeletas para seguir en el punto de mira. Ya no por su dudosa estética o funcionalidad, fruto de la creación, según nos informaron a través de nota de prensa, de “funcionarios, diseñadores y artistas”, y que en el último Pleno municipal redujeron a un único “funcionario municipal con conocimientos en comunicación”,- no sabemos si se han excluido a los demás profesionales porque nunca existieron o por decisión propia de éstos- sino porque cómo era lógico prever, su implantación ya está suponiendo un desembolso económico para los benalmadenses.
Los primeros gastos sustentados en documentación se centran en la rotulación de los vehículos de protección civil por un coste de unos 18.000 euros, impuestos incluidos. El primero de una lista lógica de costes, como anticipaba nada desencaminado el PSOE, inherentes a un rebranding.
A esta inversión pudiera sumarse la de la rotulación de los vehículos de los servicios operativos, uniformes (tres por trabajador), entre otros gastos, y además, teniendo presente que pudiera darse el caso que al tratarse de una elección particular de un partido político -en este caso el PP- de ganar otro en las próximas elecciones apueste por un nuevo cambio, que como el actual, cuyo coste de implantación recaerá a las espaldas de la ciudadanía.
La realidad es que en cartelería donde pudiera salir más económico o incluso gratis la incorporación del nuevo y polémico logo, se imprime con el antiguo y el nuevo sin que desde un punto de vista profesional podamos argumentar el motivo. En realidad si se hubiera explicado públicamente toda la información sobre esta nueva marca del Ayuntamiento y su proceso de implantación quizás no habría tanto desconcierto, pero en este aspecto concreto la estrategia es más propia de la empresa privada que de la pública, olvidando que en ésta última el dinero es de los contribuyentes y que éstos merecen saber en qué y cómo se gasta.
