El 11 de febrero de 2026 será un día clave en la investigación del bautizado por este medio como ‘Caso Legionella’. La jueza ha citado a declarar en calidad de investigados al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, a la que fuera hasta enero de este año gerente de Provise Benamiel, M.J.L.B., y a dos empresarios relacionados con la causa -uno de ellos esposo de una concejala del PP-, mientras que la senadora popular Lucía Yeves lo hará como testigo.
El juzgado, a petición de la Fiscalía, investiga posibles delitos contra la Administración pública derivados de la compra de maquinaria por valor de 35.404,60 euros de las arcas públicas -de limpieza ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal (que también actúan frente a la legionella)-, en la que pudieran haberse dado hechos consecutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
En el caso del primer es la cuarta vez que es citado a declarar después de que las tres anteriores fueran suspendidas por la baja médica del alcalde, un error de notificación y la última, por el cambio de abogado por parte de Juan Antonio Lara.
La decisión judicial que implica, entre otros, al alcalde de Benalmádena, es el resultado de una denuncia del PSOE ante la Fiscalía, en la que se reflejaban presuntas irregularidades en la compra de estos aparatos a través de dos contratos menores, que pudieran ser constitutivas de delitos de corrupción, y desde que el Ministerio Público remitiese las actuaciones al juzgado de Torremolinos.
Sin licitación pública
El ‘Caso Legionella’ fue bautizado así por este medio con motivo del positivo a principios de 2024 en el colegio Mariana Pineda, que hizo saltar todas las alarmas respecto al gasto, meses antes, de un total 35.404,60 euros en maquinaria para el tratamiento de agua en centros educativos.
La compra de los aparatos se realizó través de dos contratos menores -con sendas facturas realizadas el mismo día y por un importe idéntico de 17.702,30€, impuestos incluidos- a “empresas vinculadas entre sí, relacionadas con el marido de una concejala del Gobierno local de Benalmádena”, según consta en el escrito de Fiscalía.
En cuanto a los presupuestos con idéntico total a pagar, resaltan “aparentes descuentos significativos” como la totalidad del coste de determinadas máquinas (son de dos tipos: limpieza ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal), o la gratuidad en la instalación, “lo que puede delatar la existencia de un acuerdo previo entre las empresas que vulneraría los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia”.
Asimismo, tal y como publicó este medio, la ahora ex gerente de la empresa pública benalmadense proponía la adquisición de “modelos específicos de máquinas de un fabricante concreto, que es una restricción injustificada que cercena la libre concurrencia y competencia en el proceso de contratación” y a la par, dejaba constancia escrita de que en marzo de 2023 ya se habían adquirido e instalado cinco máquinas ozonizadas para centros educativos, es decir, “el contrato menor ya había sido utilizado ese mismo año por lo que no se puede volver a emplear para el mismo objeto”.
