Benalmádena podría ser escenario de un referéndum histórico sobre su agua. Izquierda Unida (IU) va a presentar al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa para solicitar al Consejo de Ministros la autorización para consultar a la ciudadanía sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, poniendo en manos de los vecinos una decisión clave para el municipio, una vez que el Gobierno local en solitario, ha rechazado la posibilidad de recuperar su municipalización.
En Benalmádena se viene gestionando durante los últimos 25 años este servicio a través de una empresa de capital mixto, Emabesa, un periodo de vigencia que expiró el pasado 16 de junio de 2025. Y en la actualidad, mientras se realiza la contratación de un operador privado para los próximos 25 años, para lo cual se llevará a cabo la correspondiente licitación pública, la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa) continua en precario prestando el servicio.
Así las cosas, IU afirma que la gestión del agua en nuestro municipio es “un tema de especial trascendencia para la ciudadanía y que puede condicionar la vida ciudadana en los próximos 25 años por lo que no se debe tomar sin contar con la opinión expresa de la ciudadanía”.
De hecho, la oposición al unísono ha mostrado su rechazo a la privatización del servicio, presentando recursos de reposición, rechazados todos por la mayoría absoluta el PP y no descartan acudir al amparo del Contencioso Administrativo.
Incluso Facua Málaga (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción) ha instado al Ayuntamiento de Benalmádena a recuperar la gestión pública del suministro de agua.
Facua Málaga entiende que el modelo de gestión directa ofrece mayores garantías a los usuarios y consumidores, ya que la gestión indirecta del suministro de agua a través de la participación de capital privado supone una mercantilización en régimen de monopolio.
Sin competencia entre empresas desaparecen las supuestas ventajas de la privatización y el libre mercado, no da lugar al abaratamiento de precios ni a mejor calidad de los servicios. Por otro lado, atendiendo al principio de recuperación de costes establecido en la UE por la Directiva Marco del Agua, las tarifas deben recaudar los fondos necesarios para cubrir los costes del servicio, manteniendo y mejorando su calidad e infraestructuras.
En el caso de la gestión indirecta, las tarifas también deben generar beneficios a los inversores, lo que suele ir en perjuicio de la realización de obras y mejoras de las infraestructuras. Además, las entidades gestoras del agua deben trabajar en la gestión de la demanda, para reducir el consumo de agua y a la vez garantizar precios asequibles a la ciudadanía.
Desde las asociaciones de consumidores no se entienden los motivos por los que el equipo de Gobierno de Juan Antonio Lara “está empeñado en entregar la gestión del agua a manos privadas, en lugar de asumir la responsabilidad de su gestión directa y así velar por el interés de la ciudad, el bienestar futuro de sus habitantes y sus empresas”.
En este sentido, subrayan que son conocidas las experiencias en que importantes municipios españoles han decidido retomar la gestión directa del suministro de agua a través de su remunicipalización. Por otro lado, existen ejemplos de gestión directa con altos niveles de eficiencia, a través de empresas de capital totalmente público.
Por último, Facua Málaga reivindica transparencia y participación ciudadana como principios imprescindibles para una gestión justa y democrática del ciclo integral del agua, siendo estos impracticables en el modelo de gestión privada.