La justicia vuelve a sancionar al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar un máximo de 1.500 euros más impuestos por “el excesivo e injustificable retraso” en la entrega de un expediente público solicitado por el grupo municipal socialista en 2023.
Con ésta ya son cinco las condenas por el mismo motivo, una cuenta, cada vez más abultada, que, en realidad, pagan todos los benalmadenses finalmente. El PSOE pidió en 2023 al Gobierno de Juan Antonio Lara acceso y copia al expediente completo por derivación de deuda con la Seguridad Social contraída por Grupo Vera, anterior concesionaria del Club de Hielo de Benalmádena, con motivo de una publicación en la web y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Benalmádena en la que se informaba a la ciudadanía que “la mala gestión del anterior Gobierno local (PSOE-IU)” ponía en riesgo el acceso de Benalmádena a una subvención de cinco millones de euros.
Los socialistas requerían esta información pública para desmentir la nota de prensa del Gobierno del PP y probar a la ciudadanía “con la documentación oficial acreditativa” que el alcalde Juan Antonio Lara “no cuenta la verdad y prefiere ocultar en su comunicado institucional el verdadero origen de esta deuda para achacarlo a una presunta mala gestión por nuestra parte”.
Una vez agotadas todas las vías existentes para poder acceder a este expediente, y al ser desatendida su solicitud a esta información en reiteradas ocasiones, los socialistas acudieron al amparo judicial. Transcurridos casi dos años y una vez señalada fecha para el juicio, el Ayuntamiento ha entregado la documentación al PSOE que, según aclara el juzgado, “no revestía mayor complejidad” y de este modo, evita el procedimiento judicial.
Sin embargo, la Justicia vuelve a dar un tirón de orejas al Ayuntamiento de Benalmádena y, por quinta vez, sus reiterados incumplimientos en el acceso a información pública no le salen gratis, aunque el abono de costas – “en atención al perjuicio causado y a la mala fe evidenciada en su actuación”- saldrá de las arcas municipales y por ende, del bolsillo de los benalmadenses.
A juicio del líder de la oposición, el socialista Víctor Navas, el acceso, a todas luces tardío, al expediente solicitado en 2023 evidencia la “forma de actuar” del Gobierno de Juan Antonio Lara, “que prefiere que paguen los benalmadenses antes de cumplir con la ley de Transparencia”.
Asimismo, el socialista subraya que “si hemos recurrido a la Justicia no ha sido por antojo sino porque es la única alternativa que nos quedó después de meses y meses de espera sin justificación alguna para poder acceder a información sobre temas que entendemos relevantes para la ciudad y, en este caso concreto, además, para poder desmentir las falsas acusaciones del PP” a través de las vías de comunicación oficiales del Ayuntamiento de Benalmádena.
Ajetreada agenda judicial
Antes de alcanzar el ecuador de su legislatura, al primer edil de Benalmádena parece ser que ya se le agolpan los procesos judiciales en su agenda y algunos casos, según se hace eco la prensa nacional, inquietan especialmente en Génova. En el bautizado por este medio como ‘Caso Legionella‘, Juan Antonio Lara ha sido citado a declarar como investigado por posibles delitos contra la Administración pública derivados de la compra de maquinaria por valor de 35.404,60 euros de las arcas públicas, en la que pudieran haberse dado hechos consecutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
Además, de momento, también quedan por resolver casi una veintena de denuncias por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia, a lo que se suma la relativa a los presupuestos municipales de 2024 por su posible vulneración del principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril y la denuncia al Puerto deportivo por el presunto contrato de una letrada que, según el PSOE, “tiene procedimientos abiertos contra la propia marina benalmadense”.
