Benalmádena vuelve a saltar al ojo del huracán por la gestión económica del nuevo Gobierno local de mayoría absoluta del PP. El primer ejercicio presupuestario del acalde, Juan Antonio Lara, pasará a la historia por ser el primer presupuesto municipal anulado por el Estado. Algo insólito no solo en Benalmádena sino en el resto del país en tanto que los organismos estatales solo intervienen en los ayuntamientos en casos de excepcional gravedad -“cuando se infringe el ordenamiento jurídico”-, tal y como sucedió, por ejemplo, durante la etapa de Gil en Marbella.
Las cuentas para el año corriente ya se avistaban polémicas tras las advertencias de Intervención y Tesorería sobre que “los ingresos no aportan caudal suficiente para atender el cumplimiento de las obligaciones y los gastos” y las reiteradas denuncias formuladas por los grupos políticos de la oposición.
La postura del PP, que aprobó en solitario un presupuesto que calificó de “hito sin precedentes en inversiones y la transformación total del Consistorio y del municipio”, quedó bien clara en las declaraciones realizadas en sesión plenaria por el concejal de Hacienda, José Muriel. “Los técnicos dicen una cosa, pero nosotros nos reafirmamos en los presupuestos que hemos elaborado y desestimamos todas las alegaciones -en referencia a las realizadas por PSOE y por IU-Podemos- porque no las consideramos oportunas”, sentenció en aquellas fechas el edil popular, tal y como se puede ver en la grabación de la sesión plenaria del 13 de marzo:
Pero, precisamente han sido los informes técnicos de control los que han motivado la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Málaga -a la que ha tenido acceso este medio- en la que pide al Ayuntamiento de Benalmádena que anule el acuerdo de pleno por el que se aprobó el presupuesto, y le da un plazo de un mes para emitir un informe de respuesta.
En concreto, el informe de Intervención Municipal, como ya adelantó en su día este medio, recogía que “puede afirmarse, con premura y evidencia clara, que los ingresos no son suficientes para el cumplimiento de las obligaciones previstas”.
Por este motivo, y al entender desde la Subdelegación de Gobierno que las cuentas municipales para 2024 vulnerarían los artículos 3 y 11, relativos al principio de estabilidad presupuestaria, de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, declara “nulo de pleno derecho” el presupuesto e insta al Ayuntamiento a su anulación, y a la elaboración de uno nuevo en el que se recoja “una reducción de gastos […], dando así cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria”.
El Gobierno local de Benalmádena, que acaba de aprobar aumentar el personal de confianza al máximo permitido para alcanzar un total de 25, estaría estudiando el requerimiento y podría adoptar dos posturas al respecto. O bien continuar con las cuentas y exponerse a sanciones, la imposibilidad de concurrir a fondos supramunicipales así como a la intervención Agencia Tributaria, o retirarlas para aplicar el recorte de 37 millones de euros que le piden técnicos, oposición y Subdelegación de Gobierno, y así cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los objetivos de déficit y las reglas fiscales.
Si analizamos ambos caminos, las consecuencias de “una declaración unilateral de presupuesto” además de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y financiera de Benalmádena, también podría conllevar la anulación de futuros acuerdos y compromisos de inversión.
Por otro lado, si las cuentas son retiradas, decaerán las inversiones y suplementos de crédito aprobados desde el 1 de enero de 2024 pues, por ley, solo se permite prorrogar el presupuesto de 2023 -con casi 37 millones menos en gastos- y por ende se paralizan las inversiones prometidas hasta reformular un nuevo presupuesto, en el que obviamente habrá que hacer recortes en gastos o incrementar la recaudación mediante, por ejemplo, la subida de impuestos.
Gastos controvertidos
La gestión del dinero público realizada por el nuevo Gobierno popular en su primer año de legislatura no ha pasado desapercibida y las críticas de la oposición sobre los gastos «superfluos» vienen siendo una constante.
La compra de banderas por valor de 49.586,76 euros, -también criticadas porque el alcalde las dedica de su puño y letra-, los 11.788,50 euros para el tapizado de sillas, la subvención directa nominativa de 4.119,80 euros al Obispado para que repare el reloj de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Benalmádena pueblo “sin ni siquiera conocer previamente cuánto costará el arreglo”, el pago de 6.037,90 euros en cuatro facturas a un asesor externo por un informe de medio folio con faltas ortográficas, el gasto del Puerto Deportivo de Benalmádena en siete días de más de 6.000 euros en comidas de “protocolo”, los gastos en rotulación de vehículos con el polémico nuevo logotipo municipal, el aumento al máximo de puestos de confianza para llegar a 25, una cafetera de casi 500 euros para Alcaldía o la compra de retratos del Rey Felipe VI al Palacio Real, son algunos de los variopintos gastos que han salido a la luz pública en este año de legislatura.
