El concejal de Parques y Jardines, Juan Olea, ha desmentido que el Ayuntamiento de Benalmádena esté obligado a abonar una indemnización de 666.845,77 euros tras la anulación del contrato de mantenimiento de zonas verdes del municipio. Sus declaraciones se producen después de varias notas de prensa y publicaciones en las redes sociales oficiales del Consistorio que atribuían al anterior Gobierno local la responsabilidad de ese pago como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.
Olea aclaró en el Pleno de ayer, tras una pregunta formulada por el PSOE, que la cantidad no es una obligación firme, sino una reclamación presentada por la UTE formada por Integra y Talher, actualmente adjudicataria del servicio.
De este modo, el edil popular afirmó que el pago de dicha indemnización no está reconocido ni aprobado, y que los técnicos municipales están evaluando si procede o no dicha compensación.
La judicialización del contrato se originó en 2022 tras un empate entre siete empresas licitadoras. El desempate se resolvió aplicando un criterio basado en el número de trabajadores con discapacidad computado según el porcentaje de participación en la UTE -avalado por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía-, y se adjudicó el servicio a la unión temporal de empresas integrada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal por 15,1 millones de euros.
Posteriormente, la UTE Integra y Talher recurrió la adjudicación y el Tribunal Supremo dio la razón a esta última, obligando al Ayuntamiento a anular el contrato y rehacer la valoración conforme a criterios cuantitativos. La sentencia, según los socialistas, no señala responsabilidades adicionales para los miembros de la Mesa de Contratación.
El contrato, adjudicado en 2022 y anulado el pasado año, ha sido trasladado por el Gobierno de Juan Antonio Lara a Fiscalía para que se investigue lo sucedido y se determinen, en su caso, posibles responsabilidades penales.
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