El PSOE denuncia que 1 de cada 5 casas ya es turística y que el presupuesto municipal para vivienda ha caído un 99% desde 2023
La oposición municipal de Benalmádena ha exigido al alcalde Juan Antonio Lara que solicite a la Junta de Andalucía la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley de Vivienda de 2023 que permitiría contener los precios del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda a los vecinos. La petición llega en un contexto de crisis habitacional que, a juicio de los socialistas, el Gobierno local del Partido Popular ha agravado con su inacción.
Qué es una zona tensionada: La Ley de Vivienda de 2023 permite declarar un municipio como zona de mercado residencial tensionado cuando el coste del alquiler o la hipoteca supera el 30% de los ingresos medios, o cuando el precio ha subido más de un 3% sobre el IPC en los últimos cinco años. La declaración habilita topes al precio del alquiler, beneficios fiscales para propietarios que bajen la renta y mayor protección para los inquilinos.
Los números avalan la petición. Según los datos aportados por el PSOE en rueda de prensa, el presupuesto municipal destinado a vivienda ha pasado de 1,7 millones de euros en 2023 a apenas 8.000 euros en 2026, una caída de más del 99% que supone, en la práctica, la desaparición de cualquier política pública activa en la materia. Al mismo tiempo, el parque residencial del municipio se ha transformado de forma acelerada: una de cada cinco viviendas está ya destinada a uso turístico, lo que reduce la oferta disponible para el alquiler habitual y presiona al alza los precios.
El líder de la oposición, el socialista Víctor Navas, ha subrayado que la declaración como zona tensionada es la herramienta más directa y con mayor respaldo legal para hacer frente a esta situación. La medida no requeriría grandes inversiones: bastaría con que el Ayuntamiento solicitara formalmente la declaración a la Junta, aportando los indicadores que acreditan la tensión del mercado local. “Benalmádena no puede seguir siendo una ciudad para especular mientras miles de vecinos tienen dificultades para vivir en ella”, ha afirmado.
La concejala socialista María Isabel Ruiz ha centrado su intervención en el historial de promesas incumplidas del alcalde en materia de vivienda social. Según Ruiz, el equipo de Gobierno adquirió una parcela con ese fin y la vendió apenas un año después, sin haber generado una sola vivienda pública y asumiendo un 10% en gastos de notaría, registro e impuestos. Una operación que habría tenido un coste neto para las arcas municipales sin ningún retorno habitacional.
Ruiz también ha recordado que el actual alcalde votó en 2020 contra el desarrollo urbanístico de Los Nadales, un proyecto que contemplaba cerca de 200 viviendas de gestión pública. Los efectos de aquella decisión son ya evidentes: el precio de la vivienda protegida ronda hoy el cuarto de millón de euros en el municipio. “Ahora pretende impulsar vivienda protegida cuando los precios ya están disparados, lo que evidencia la falta de planificación y coherencia”, ha añadido la concejala.
Desde el PSOE también se ha criticado además que el Gobierno municipal haya destinado 25.000 euros a informes externos cuyas conclusiones —incentivar el alquiler de larga duración, limitar las viviendas turísticas y aplicar medidas fiscales— coinciden exactamente con las políticas que el propio alcalde, Juan Antonio Lara, eliminó al llegar al poder. “Son las mismas medidas que impulsamos en la pasada legislatura y que el señor Lara desmanteló”, ha subrayado Navas.
El grupo municipal socialista reclama, en definitiva, que el Ayuntamiento actúe sin más demora y solicite la declaración de zona tensionada. Una medida que, a su juicio, Benalmádena no solo merece sino que necesita con urgencia para que sus vecinos puedan seguir viviendo en ella.
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