El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el presupuesto de 2024 del Ayuntamiento de Benalmádena, el primero del alcalde, Juan Antonio Lara. El Gobierno del PP lo aprobó con su mayoría absoluta, sin apoyos y rechazando todas las alegaciones, pese a las advertencias de los técnicos municipales y de la oposición. Dos años y medio después, los tribunales concluyen que esas cuentas no cumplían la ley.
La sentencia, fechada el 24 de septiembre, estima los recursos de la portavoz del PSOE, Sandra Ochoa, y de la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ambos recurrieron el pleno del 13 de marzo de 2024, en el que el equipo de gobierno aprobó las cuentas definitivas.
El Ayuntamiento se defendió ante el tribunal sosteniendo que el acuerdo se ajustaba a derecho y pidió que se desestimaran los recursos. El tribunal ha hecho justo lo contrario: los estima y declara anulado el acuerdo. Es decir, el Estado y la principal fuerza de la oposición acudieron a los tribunales contra las cuentas de Lara, y el tribunal les ha dado la razón a los dos.
Ingresos que no cuadraban con la realidad
La Sala se apoya en un informe del Tribunal de Cuentas, el organismo público que fiscaliza la gestión del dinero de las administraciones. Según recoge la sentencia, ese organismo hizo un análisis exhaustivo del presupuesto de 2024 y concluyó que no se habían cumplido las condiciones de nivelación efectiva. El motive es que las previsiones de ingresos carecían de “razonabilidad y congruencia”. No encajaban con lo que realmente se había ingresado en ejercicios anteriores ni con las estimaciones de la propia Tesorería municipal.
El informe señala además que las cantidades previstas estaban “insuficientemente justificadas”, sobre todo las del impuesto de plusvalía municipal, el que se paga cuando se vende un terreno o una vivienda cuyo suelo ha ganado valor.
Es decir, el Gobierno de Lara presupuestó ingresos que, según el tribunal, no supo justificar. Y lo que pesa en la sentencia no es una opinión política sino el informe de un organismo público de control.
El parche de final de año, insuficiente
A finales de ese ejercicio, el la mayoría absoluta del PP en el Pleno acordó dejar sin disponibilidad una parte de los créditos de gasto para intentar corregir el desajuste. Según el informe en el que se apoya la sentencia, esa medida “no servía para subsanar el incumplimiento de la nivelación”. El problema que los técnicos habían advertido al principio no quedó resuelto con el remedio de última hora.
Lo que desoyó el Gobierno de Lara
Antes de aprobar el presupuesto de 2024, la Intervención y la Tesorería municipales ya habían advertido de que los ingresos no bastaban para pagar las obligaciones previstas. Intervención, el departamento que vigila la legalidad de las cuentas, llegó a señalar que “los ingresos no eran suficientes para cumplir las obligaciones de gasto”. La oposición también lo denunció.
El equipo de gobierno de Juan Antonio Lara siguió adelante. En el pleno, el concejal de Hacienda, José Muriel, defendió que, “aunque los técnicos dijeran una cosa, el Gobierno se reafirmaba en su presupuesto y desestimaba todas las alegaciones porque no las consideraba oportunas”. El PP incluso llegó a calificar esas cuentas de “hito sin precedentes en inversiones”.
Después, la Subdelegación del Gobierno en Málaga pidió formalmente al Ayuntamiento que anulara el acuerdo por entender que incumplía la ley de estabilidad presupuestaria. Ahora la Justicia ha llegado a una conclusión igual de contraria al presupuesto de Lara.
Los recurrentes planteaban más motivos como que se había vulnerado la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y que se había desatendido el criterio técnico de la Intervención municipal. El Estado alegaba, además, que los ingresos reales eran insuficientes frente a los gastos previstos y que las cuentas presentaban déficit. El tribunal no entra en ninguno de esos puntos porque considera que la falta de nivelación ya basta por sí sola para anular el presupuesto.
El Ayuntamiento, condenado en costas y obligado a publicar el fallo
La sentencia condena al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar las costas del proceso, con un máximo de 1.500 euros más IVA. Es decir, el Consistorio pierde el pleito y además lo paga.
El tribunal ordena, además, que el fallo se publique en el mismo boletín oficial en el que se publicó el presupuesto anulado. Es decir, la anulación tendrá que hacerse pública en el mismo lugar donde el Gobierno de Lara difundió sus cuentas.
El Ayuntamiento puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pero solo por cuestiones de derecho, y el Supremo debe admitir antes el recurso, porque tiene que apreciar un interés especial para fijar jurisprudencia. Tiene treinta días desde la notificación para preparar ese recurso. La sentencia no detalla qué consecuencias tendrá la anulación sobre el presupuesto que se aplicó durante 2024 en Benalmádena.
Como ya adelantó este medio hace dos años, que el presupuesto municipal de un Ayuntamiento acabe anulado por la intervención del Estado es algo insólito puesto que los organismos estatales solo intervienen en los ayuntamientos en casos de excepcional gravedad -“cuando se infringe el ordenamiento jurídico”-, tal y como sucedió, por ejemplo, durante la etapa de Gil en Marbella. Ahora con la sentencia del TSJA, ¿habrá dimisiones en el Gobierno local de Benalmádena?
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