Los presupuestos de este 2024 siguen dando de qué hablar. A escasos días para despedir el año, el Gobierno de Benalmádena, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado en solitario en el Pleno de diciembre, la declaración de no disponibilidad de distintos créditos presupuestarios con una suma total de 33.039.859,31 euros, sin adjuntar informe técnico alguno.
A poco más de una semana para que finalice este 2024, teniendo en cuenta las vacaciones que pudieran proceder en estos días, y sin que se haya avalado la paralización de unas u otras partidas presupuestarías con un informe de Intervención o Secretaria, la medida del PP, a juicio del portavoz de Vox, Joaquín Amann, “es un intento de guardarse las espaldas ante una posible acusación por prevaricación y evitar la cárcel, además de una evidencia clara de que han estafado a los benalmadenses con los presupuestos de este año”.
El líder de la oposición, Víctor Navas, además alertó de que “están congelando créditos de partidas presupuestarías en las que no estaba recogida la cuantía económica que refieren o que incluso ni estaban incluidas en el actual presupuesto” y, al igual que Pablo Centella, portavoz de IU-Podemos, puso el acento en que “deciden que no se gaste entre más del 90 e incluso el 100% del dinero presupuestado por ellos mismos, para asistencia a personas dependientes, educación, bibliotecas, accesibilidad, parques y jardines o inversiones para la prevención de incendios” mientras, según recalcó Amann, “no tocan casi las fiestas y los gastos en órganos de Gobierno o lo que es lo mismo, el dinerito público que gastan en todos los que han colocado a su alrededor”.
Al margen de estas críticas, para nadie pasa desapercibido ni que en las fechas en las que nos encontramos ya no da tiempo de invertir esos más de 33 millones de euros, ni que ésta es precisamente la cifra que tanto Secretaría como Intervención calculó respecto al desfase en cuanto a la previsión de ingresos y gastos para este año. Unos informes técnicos avalados por la Subdelegación del Gobierno, que declaró nulas la cuentas municipales e instó al Ayuntamiento de Benalmádena a la elaboración de unas nuevas en las que se recogiera “una reducción de gastos […], dando así cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria”.
Y todo ello, sumado al sin número de alertas de los grupos políticos de la oposición, que vienen solicitando al alcalde, Juan Antonio Lara, que “no engañe a los vecinos anunciando inversiones y gastos que sabe que no puede realizar”.
El concejal de Economía y Hacienda, José Miguel Muriel, que siempre ha defendido los presupuestos elaborados por el PP incluso frente a los informes negativos de los técnicos y las advertencias del Estado, llegó incluso a exigir a la Subdelegación del Gobierno “lealtad institucional y que deje de obstaculizar las inversiones en Benalmádena por presiones partidistas”.
Pero, ahora, parece ser que se han desvanecido sus sospechas sobre un boicot político y que las millonarias inversiones presupuestadas no eran tan necesarias para Benalmádena, en tanto que se va reducir de pronto en casi un 23% el presupuesto actual.
Y es que, según el edil popular, “estos más de 33 millones no se han ingresado, y por eso no se van a gastar”. Aunque no se puede obviar que es esa precisamente la cifra que no cuadraba, según habían puesto de manifiesto los informes técnicos, antes de la aprobación del presupuesto y que posteriormente avaló el Estado.
Muriel insiste en que “no hay desfase presupuestario ni desviaciones presupuestarias” y, además, subraya que “ha sido el interventor municipal el que ha elaborado el listado de las partidas que se pueden bloquear”, una afirmación que trasladaría la responsabilidad al técnico respecto a la elección de que rebajar o eliminar (fondos de obligado cumplimiento o aquellos elegidos, es decir, en los que no existe una obligatoriedad legal en cuanto a su ejecución).
Así las cosas, el presupuesto vigente este 2024 para Benalmádena pasa desde este 19 de diciembre de 147.796.853,31 euros aprobados en marzo, que suponían, según el PP, “un hito sin precedentes en inversiones y la modernización total de la Administración pública para agilizar los trámites” a 114.756.994 euros, -una cuantía casi idéntica a la de 2023-, sin que los benalmadenses sepan a ciencia cierta qué proyectos no se van a ejecutar finalmente ni siquiera cuanto dinero habría presupuestado para cada uno de ellos.
El alcalde, Juan Antonio Lara, cerró el debate en torno a esta moción reprochando a la oposición el “no tener ni idea de lo que es elaborar un presupuesto” y de hecho, les alentó a ”empezar a estudiar un poquito lo que es hacer un presupuesto después de ocho años gobernando. Estamos haciendo una reducción del presupuesto para el ejercicio 2024 porque queremos hacerlo, no porque no los haya solicitado nadie”. Eso si, la cifra ya no disponible es la misma que le advertían los funcionarios habilitados nacionales que no cuadraba antes de la aprobación del presupuestos e incluso la que ponía sobre la mesa la propia oposición para sustentar la presunta ilegalidad de las cuentas de este año.
No obstante, la realidad es que el bloquear dinero presupuestado es una circunstancia que nunca se había dado en el Ayuntamiento de Benalmádena, en tanto que los presupuestos municipales se elaboran precisamente para que el Gobierno local sepa cuánto y en qué puede gastar, como máximo, en un ejercicio, así como los ingresos previstos para financiar ese gasto. De esta forma, el presupuesto municipal se configura como un instrumento de planificación y de gestión para el equipo de Gobierno local y evidentemente como un instrumento de control para el Pleno, y por eso, en el mismo no debería haber cabida para ningún tipo de ingeniería política o estrategia jurídica de última hora.
El debate en torno a las cuentas municipales parece no tener fin pues a todo esto, habrá que sumar los recortes llevados a cabo de cara a los presupuestos para el nuevo año, que, en breve gracias a la mayoría absoluta del PP, se aprobarán definitivamente y en los que fiestas y propaganda siguen entre algodones frente a drásticos tijeretazos en políticas sociales, cultura, limpieza, medio ambiente o educación.
