El ‘caso Legionella’ llega a la Fiscalía. Tras la información publicada por Ole Benalmádena sobre el procedimiento de compra por parte de la empresa municipal Provise Benamiel SL de varias máquinas de limpieza ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal (que también actúan frente a la legionella), el PSOE de Benalmádena ha denunciado los hechos ante la Fiscalía, al entender la existencia de posibles irregularidades consecutivas de delitos de corrupción.
A juicio del PSOE, en la compra de esta maquinaría con dinero público pudieran haberse dado hechos consecutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho de “todo aquel que pudiera resultar responsable de las diligencias que se practiquen de este procedimiento”, del que Fiscalía ya ha incoado diligencias de investigación prepocesal.
En concreto, se señala al alcalde de Benalmádena y presidente de Provise, Juan Antonio Lara, a la gerente de esta empresa municipal, María José Lara Bautista, así como a tres empresarios involucrados en el procedimiento de contratación, uno de ellos, marido de una concejala del equipo de Gobierno de Benalmádena, al que también se denuncia por presuntas amenazas y calumnias.
Cabe recordar que la compra de estos aparatos, por un coste total 35.404,60 euros se realizó través de dos contratos menores, evitando así una licitación pública con la pertinente concurrencia de los negocios que así lo vieran oportuno, con sendas facturas realizadas el mismo día y por un importe idéntico de 17.702,30€, impuestos incluidos.
Además, en la denuncia se revela que, en marzo de 2023, Provise ya había utilizado este tipo de contrato menor para la adquisición de unos equipos similares, lo que podría sugerir “un posible uso indebido del procedimiento, ya que la normativa impide emplear un contrato menor repetidamente para el mismo objeto en el mismo año”.
Respecto a la tres empresas implicadas en la contratación, se aporta a Fiscalía documentación de la que se desprende “una relación” entre ellas y sus administradores de la que “revela un entramado que sugiere que operan como si fueran entidades independientes, cuando en realidad están interconectadas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos de contratación en los que están involucradas”.
De hecho, en este punto, también ponen la lupa en los presupuestos presentados por las mismas, en los que se han encontrado “una serie de similitudes y elementos atípicos que no son comunes en los procedimientos de contratación pública” y que resultan “especialmente llamativos en empresas, que en principio deberían ser independientes y competidoras en el mercado”.
Asimismo, destacan que “resulta inusual” que se hayan solicitado presupuestos por separado para dos tipos diferentes de máquinas, pero que en una de las contrataciones finalmente se incluyeran ambos modelos en una única adjudicación, algo de lo que ya alertó este medio cuando publicó la noticia.
Los socialistas ponen también en conocimiento de la Fiscalía que en las justificaciones de compra, la gerente de Provise propone la adquisición de “modelos específicos de máquinas de un fabricante concreto, a pesar de la existencia de otros fabricantes en el mercado que ofrecen productos similares”, lo cual podría generar problemas jurídicos, ya que podría constituir “una restricción injustificada de la concurrencia en el proceso de contratación pública, limitando la libre competencia entre posibles licitadores y dudas razonables sobre si se han conseguido los precios más económicos”. Precisamente, este es el motivo por el que el PSOE lleva meses solicitando la elaboración de un informe por parte de los técnicos municipales, que aclare “la idoneidad de estos aparatos, si están funcionando correctamente o no, y si cumplen con las especificaciones de la contratación”, puesto que ante el positivo en legionella en el colegio Mariana Pineda (donde se supone que hay instaladas dos de estas máquinas) y la falta de información respecto al procedimiento, temían que se haya adquirido una maquinaria “sobre dimensionada a las necesidades de los centros educativos y por tanto, la ciudadanía haya pagado un precio más elevado del necesario”, a tenor de que cada aparato ha costado a los benalmadenses más de 2.800 euros, sin incluir el IVA ni la instalación y sin sumarle lo que supondrá el mantenimiento.
Una auditoría que, aunque en el Pleno de septiembre, por las palabras del concejal de Empresas Municipales, José Miguel Muriel, parecía que se iba a llevar a cabo, pero que, finalmente, según las aclaraciones realizadas por el edil posteriormente a petición de este medio, “en ningún caso es para las máquinas que ha adquirido Provise sino que se realizará con el objetivo de esclarecer cómo se realizó todo el mantenimiento y conservación de los aljibes en los años anteriores a la llegada del nuevo gobierno municipal”.
Sobre los presuntos delitos de calumnias e injurias, según consta en la denuncia del PSOE, estos se refieren al contenido de distintos mensajes de Whatsapp enviados, presuntamente, por el marido de una concejala del Gobierno local de Benalmádena, -involucrado en la trama-, al líder de la oposición, Víctor Navas, tras la intervención del socialista en el Pleno municipal solicitando información sobre la maquinaría adquirida por Provise.
Así las cosas, ahora habrá que esperar a que Fiscalía culmine su investigación preprocesal y tras los resultados de la misma, decida trasladar los hechos denunciados al juzgado que corresponda o, por el contrario, al no entender que pudieran existir indicios de delito, dé por zanjada la denuncia de los socialistas sobre unas máquinas que no han hecho más que crear polémica en Benalmádena.
