La concesión municipal a la empresa Emabesa, de capital público y privado al 50%, para la gestión del abastecimiento de aguas en Benalmádena expira el próximo 16 de junio y pese a las continuadas peticiones formuladas por la oposición para discutir sobre el futuro de este servicio público, el Gobierno local no ha dado aun un paso en firme hacia delante.
Las tres posibilidades a partir de ahora serían recuperar municipalización del servicio, sacar una nueva concesión o continuar en precario con la actual. Ante la incertidumbre en torno a este asunto, el PSOE ha solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir el futuro de este servicio y su posible retorno a un capital cien por cien público, la creación de una comisión informativa municipal y la elaboración de informes técnicos y organismos de control, sobre las posibles formas de gestión y las consecuencias de mantenerlo en precario.
En los estatutos Emabesa consta que ésta tendrá una duración máxima de 30 años, pero de acuerdo con la oferta presentada por el socio privado (Aqualia), la duración máxima quedó definitivamente establecida en 25 años, que se cumplen el próximo día 16 de junio. Del mismo modo, en los reglamentos internos también se refleja la disolución de la entidad mercantil y el retorno a la gestión directa del abastecimiento de aguas, una vez finalizada la concesión.
Desde este partido se apuesta por la municipalización del servicio puesto que si el Gobierno de Benalmádena decide mantener la concesión en precario, esto supondría “dejar de percibir en las arcas públicas un nuevo canon de explotación de la red pública, que actualizando los 14 millones de euros del año 2000 a 2025, serían 25 millones”, además de las inversiones obligadas en virtud de un nuevo acuerdo, y que no se realizarán hasta que hubiese un nuevo explotador, o se decidiese una nueva forma de gestión.
En este sentido, los socialistas explican que una vez amortizadas las inversiones previstas inicialmente en la concesión, otorgada en el año 2000, e ingresado en las arcas municipales el canon de 14 millones de euros que la empresa público-privada debía abonar por el uso a título lucrativo de la red municipal, “no existe mas relación entre la empresa público- privada y el Ayuntamiento que aquella que el Gobierno municipal, discrecionalmente, quiera mantener”.
Por otro lado, la portavoz del PSOE, Sandra Ochoa, advierte que mantener en precario este servicio “supone además un agravio para el resto de licitadoras que en su día ofertaron 30 años de concesión, quedando fuera del concurso por la mejor oferta del actual socio privado, que ofreció 25 años, que acaban el próximo 16 de junio de 2025”.
La posibilidad de que el Ayuntamiento pueda retomar la gestión del agua no se ha planteado antes porque es ahora cuando expira la concesión y, según Ochoa, “de haberse hecho antes se tendría que haber indemnizado a la parte privada”.
“Lara ha tenido tiempo suficiente para plantear un nuevo modelo, la gestión directa del servicio de gestión de aguas de Benalmádena, o plantear una nueva concesión”, manifestó la portavoz socialistas que acusó al alcalde de “culpar a los demás de todo en vez de asumir que se ha dormido en los laureles”.
