La decisión continuada del Gobierno local de Benalmádena de no aportar en tiempo y forma documentación pública reclamada por la oposición vuelve a suponer, sin comerlo ni beberlo, un coste extra a los benalmadenses en concepto del pago de las costas procesales. Y no es la primera vez en este año, ni la segunda, sino que hasta día de hoy ya van tres condenas.
Las denuncias interpuestas por el PSOE por este motivo están encontrando resolución extrajudicial -se les ha proporcionado la información solicitada para evitar un juicio-, pero en las tres que se han dirimido hasta el momento, el juez ha impuesto el pago de las costas del procedimiento al Gobierno local porque “disponía en sede administrativa de todos los elementos necesarios” para satisfacer la documentación requerida por la oposición, mientras que “optó por el silencio y por la posterior inactividad, obligando a PSOE a acudir a la vía judicial”.
En vista de que se ha demostrado, tres veces hasta el momento- hay casi una veintena de denuncias de la misma índole-, que el Gobierno local mantiene un obrar a sabiendas de que es castigado con el importe de las costas, este medio no se explica cómo ningún grupo de la oposición o los propios vecinos de Benalmádena, no exigen al máximo responsable, el alcalde, Juan Antonio Lara, o en su caso, al concejal del área de responsabilidad en materia de Transparencia, Alejandro Carretero, que asuman a título personal este dinero puesto que, el benalmadense de a pie no debería soportar un gasto continuado que proviene de una gestión totalmente evitable, injustificada y máxime, teniendo en cuenta, que contar con el mayor grado de transparencia en la actividad de la Administración pública no solo está regulada por la ley sino que se erige como clave en la lucha para combatir la corrupción.
La realidad es que la reiterada y constante “falta de transparencia” en el acceso a la información pública en el Ayuntamiento de Benalmádena ha propiciado la interposición de casi una veintena de denuncias por parte de los socialistas que, según explica, Víctor Navas, “nos hemos visto obligados a acudir al amparo judicial, tras muchos meses de espera, sin poder acceder a información sobre temas que entendemos relevantes para la ciudad y necesaria para que podamos ejercer nuestra labor de fiscalización como oposición”.
Según los contencioso-administrativos interpuestos, la inactividad del Ayuntamiento respecto al aporte de información, se refiere a asuntos como el baldeo con agua reciclada, informes técnicos sobre la accesibilidad en la avenida Alay, plan de embellecimiento del municipio, plan de integración de vendedores ambulantes, expediente de un vado en la costa, plan de ahorro de agua, expedientes varios sobre talas de árboles, cultura, horas extras de la plantilla municipal, zoco árabe, ingresos por plusvalías, proyecto de renovación del Puerto deportivo, contrato y relación laboral de asesores de empresas públicas, de contratación de prensa, expediente de organización de distritos o de la actividad del mapa gigante, entre otros.
Un no parar judicial
La gestión del Gobierno de mayoría absoluta, con el que llegó hace poco más de un año el Partido Popular a la Alcaldía de Benalmádena, al contrario del sosiego político que era de esperar, ha provocado además de un aluvión de críticas de la oposición en bloque por escandalosos gastos superfluos y el incremento de asesores elegidos a dedo, sonadas y preocupantes denuncias en los tribunales.
Al primer edil, Juan Antonio Lara, parece ser que se le acumulan los procedimientos judiciales con motivo de su gestión municipal en Benalmádena, y algunos casos, según se hace eco la prensa nacional, inquietan especialmente en Génova. Y es que, al presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia con casi una veintena de denuncias, se suma la relativa a los presupuestos municipales de este 2024 por su posible vulneración del principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril y el bautizado por Ole Benalmádena como ‘Caso Legionella‘, en torno a posibles irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de corrupción respecto a fraccionamientos en las contrataciones realizadas por Provise, de las que se beneficiaron empresas que, podrían estar vinculadas entre sí, y detrás de las cuales está el marido de una concejala del equipo de gobierno del PP, el cual también ha sido denunciado como presunto autor de amenazas y calumnias.
Esta última denuncia, según ha publicado el periodista Ernesto Carratalá, “inquieta” especialmente a las altas esferas del Partido Popular al estar en juego “una vez más, el prestigio del Partido Popular que no sale de una y va y se mete en más fregaos”, en referencia de que además del ‘Caso Legionella’ del alcalde Juan Antonio Lara en Benalmádena, hay en curso investigaciones por similares motivos de unos 300 contratos de la Consejería de Educación de la CAM y a que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la acusación en las diligencias que lleva a cabo el juzgado número 13 de Sevilla en torno a una denuncia del grupo socialista del Parlamento contra el gobierno de Juanma Moreno por prevaricación y malversación en la adjudicación, supuestamente irregular, de 300 millones de euros a clínicas privadas durante la pandemia.
