Benalmádena paga por cuarta vez costas judiciales por la “falta de transparencia” del Gobierno local del PP

Dos años ha tenido que esperar el PSOE para conocer los detalles del plan de embellecimiento que se desarrolló en nuestro municipio mediante la instalación de jardineras verticales. Eso sí, el incumplimiento de esta obligación no ha salido gratis, al menos para los benalmandeses puesto que el Gobierno local de Benalmádena no aporte a la oposición documentación de carácter público en tiempo y forma, le ha vuelto a costar dinero al contribuyente. Y con ésta, ya van cuatro condenas por los mismos motivos.

La semana pasada, el juzgado condenó al Ayuntamiento a pagar 1815 euros (impuestos incluidos) en concepto de costas procesales, por “el excesivo e incomprensible retraso en la entrega” de una copia del Plan de Embellecimiento de Benalmádena, que le reclamó el PSOE en 2023 y, que, según hace constar el magistrado, “a la vista de la propia contestación facilitada por la Administración local, no revestía mayor complejidad”.

Las denuncias interpuestas por el PSOE por la “falta de transparencia” del Gobierno de Juan Antonio Lara en el acceso a la información pública, están encontrando resolución extrajudicial, pero el Juzgado de lo Contencioso-administrativo está imponiendo al Ayuntamiento el pago de las costas al quedar probado que, “pese a disponer de todos los elementos necesarios para satisfacer la documentación requerida por la oposición, opta por el silencio y por la posterior inactividad, obligando a acudir a la vía judicial”.

La de la pasada semana es ya la cuarta condena por los mismos hechos que se paga con dinero público y aun quedan por resolver casi una veintena más de la misma índole. En concreto, según los contencioso-administrativos interpuestos, la inactividad del Ayuntamiento respecto al aporte de información, se refiere a asuntos como el baldeo con agua reciclada, informes técnicos sobre la accesibilidad en la avenida Alay, plan de integración de vendedores ambulantes, expediente de un vado en la costa, plan de ahorro de agua, expedientes varios sobre talas de árboles, cultura, horas extras de la plantilla municipal, zoco árabe, ingresos por plusvalías, proyecto de renovación del Puerto deportivo, contrato y relación laboral de asesores de empresas públicas, de contratación de prensa, expediente de organización de distritos o de la actividad del mapa gigante, entre otros.

Calendario judicial

Al primer edil parece ser que se le agolpan los procesos judiciales y algunos casos, según se hace eco la prensa nacional, inquietan especialmente en Génova. Y es que, al presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia con casi una veintena de denuncias, se suma la relativa a los presupuestos municipales de 2024 por su posible vulneración del principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la denuncia al Puerto deportivo por el presunto contrato de una letrada que, según el PSOE, “tiene procedimientos abiertos contra la propia marina benalmadense”, o el bautizado por Ole Benalmádena como ‘Caso Legionella‘.

Este último en torno a posibles irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de corrupción respecto a fraccionamientos en las contrataciones realizadas por Provise, de las que se beneficiaron empresas que, podrían estar vinculadas entre sí, y detrás de las cuales está el marido de una concejala del equipo de gobierno del PP, el cual también ha sido denunciado como presunto autor de amenazas y calumnias.

Además, este 2025 también hay que sumar dos nuevos varapalos judiciales del alto tribunal andaluz. Dos ex gerentes, Eva Fortes de Innoben y Manuel José Jiménez del Puerto deportivo, han logrado sendas sentencias favorables en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declara sus despidos improcedentes (sin causa legal que los justifiquen) y condena a la Administración pública a readmitirlos.

Ambos, también recibirán los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, según recoge las sentencias, y habrá que abonarles la cantidad que les corresponde en concepto de parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas.