El ex gerente del Puerto deportivo, Miguel Muñoz Jiménez, pasa este año a gestionar la empresa municipal Provise Benamiel, hasta ahora a cargo de María José Lara Bautista, una entidad pública salpicada por la polémica del Caso Legionella y las posibles irregularidades que pudieran constituir delitos de corrupción en el procedimiento de compra de maquinaria en la que estaría involucrado el marido de una concejala del PP.
A los procedimientos judiciales abiertos hay que sumar las pérdidas que acumularía Provise, cifradas por el PSOE en 165.000 euros en los últimos seis meses debido a la reapertura del aparcamiento de Grupo Tremón -propietario también de Tívoli– en Pueblosol.
No se puede perder de vista que el actual gerente de Provise estaba a cargo del Puerto deportivo cuando éste desembolsó el crédito necesario para que dicha empresa municipal pudiera hacerse cargo del aparcamiento y, por ende, tendrá que velar ahora porque Provise devuelva al Puerto un dinero que, lo lógico, es que se revierta en mejoras para los usuarios de la marina benalmadense. Máxime, teniendo en cuenta que pese a contar con el aval judicial para organizar y limitar los charters a través de concurso público, dando de este modo base legal para que pueda determinar el número de licencias y el canon a pagar por las mismas, el Puerto no lo estaría haciendo por decisión del PP que, según denunció el PSOE, “está explorando vías que permitan eximir a las embarcaciones del pago del canon exigido en virtud del concurso declarado legal, y además les quiere perdonar el abono de las costas del juicio”.
Si bien llama la atención la intención política de dejar de ingresar esta nada desdeñable cuantía económica, -medio millón de euros, según los socialistas-, mientras además se presta dinero a otras empresas municipales, más aún lo hace que el Puerto deportivo de Benalmádena haya sido presuntamente asesorado por la abogada que defendió la causa de las embarcaciones contrarias a la regulación y de miembros del PP, entre ellos el concejal de la Marina benalmadense, José Luis Bergillos, quien fuera hace cuatro años cesado como consejero por la junta general del Puerto deportivo por “falta de deber del sigilo que deben respetar los miembros de los consejos de administración de las empresas municipales”, una obligación legal de mantener discreción y no hacer uso de informaciones que conozcan por razón de su cargo en beneficio propio o de terceros, o cuando su difusión pueda causar perjuicio al interés público.
Con este temporal judicial, Muñoz presentaba su dimisión como gerente del Puerto el pasado año, alegando “motivos personales”, pero cuando también sonaban en los medios de comunicación gastos por parte de la denominada «joya de la corona» de nuestro municipio de 6.073,21 euros (impuestos no incluidos) en lo que dio a autodenominar “gastos protocolarios” que, según la documentación a la que ha accedido este medio, se realizaron sobre todo en cafeterías y restaurantes. Así como el pago de facturas por un total de unos 6.000 euros a una de las personas más activas y visibles de la denominada Plataforma no al carril único – “apolítica y trasversal”- que, además también engrosó la lista electoral del PP en las pasadas elecciones, por un informe de medio folio con faltas ortográficas, sin que exista contrato que especifique sus funciones y honorarios, ni un informe técnico que aporte control de que haya realizado trabajo alguno en tiempo y forma.
Muñoz deja atrás estas polémicas en la gestión del Puerto para desembarcar en otra empresa municipal con una ajetreada agenda judicial este año y con unas cuentas que cada día que pasa se ven más mermadas por mantener abierto el aparcamiento en Pueblosol del dueño del parque de atracciones Tívoli, el cual, por contra, sigue cerrado pese a su probada rentabilidad.
“No se nos ha explicado este cambio de gerente a qué se debe, así que, una vez más, volvemos a pedir explicaciones al equipo de Gobierno y, sobre todo, volvemos a pedir explicaciones al alcalde de Benalmádena como máximo responsable de Provise”, manifestaba en rueda de prensa la diputada provincial y secretaria de Organización del PSOE de Benalmádena, Isabel Ruiz.
‘Contratos a dedo’
Asimismo, Ruiz explicaba que “otro asunto que nos preocupa, y que ya hemos avisado en el consejo de administración que pondremos en conocimiento de los juzgados es la supuesta contratación a dedo que se ha hecho por parte de la empresa Provise, saltándose todos los procedimientos de contratación pública del personal y todos los principios de capacidad, mérito e igualdad ante los procesos selectivos del personal”. Y es que, a juicio de los socialistas, “el único requisito que parecen haber seguido a rajatabla sería, supuestamente, que las personas contratadas contasen con el carnet de un partido político”.
Por su parte, el líder de la oposición, el socialista Víctor Navas, critica que “el alcalde, Juan Antonio Lara, ha apostado por un acuerdo que genera un conflicto económico y un desequilibrio financiero en las arcas de la empresa municipal Provise Benamiel, y con el que tampoco ha conseguido la reapertura del parque de atracciones Tívoli: ha pasado un año y medio al frente del Gobierno municipal y aún no tenemos conocimiento de esas negociaciones secretas que está llevando un particular ajeno al Ayuntamiento con el Grupo Tremón, lo cual acrecienta nuestras sospechas”.
“El acuerdo para la reapertura del aparcamiento de Pueblosol está poniendo en riesgo el futuro de la empresa pública que gestiona la zona azul, las viviendas públicas y la grúa, poniendo en riesgo el empleo de las casi 80 personas que trabajan en Provise”, ha advertido Navas.
A juicio del socialista, “no son formas de gestionar un Ayuntamiento que dejamos saneado económicamente, con un superávit de 100 millones de euros para proyectos e inversiones, una herencia que Juan Antonio Lara está dilapidando aumentado el gasto corriente y superfluo, comprando placas de inauguración de edificios públicos a 600 euros la unidad, despilfarrando recursos públicos en lugar de utilizarlos en lo que la ciudadanía necesita realmente”.
