Y ya van seis. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Málaga vuelve a condenar al Ayuntamiento de Benalmádena al pago de costas “por negar información” al PSOE. En esta ocasión, la portavoz socialista, Sandra Ochoa, solicitó en noviembre de 2024 acceso al expediente completo del comité de acoso laboral a raíz de una denuncia interpuesta en nombre de CCOO.
El 14 de enero de 2025, la portavoz presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la ejecución del silencio administrativo positivo con respecto a la petición de información realizada. Después de transcurrir veinte días desde la reclamación de ejecución del silencio administrativo positivo sin que se proporcionara la información, se presentó escrito formulando un recurso contencioso administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la concejala contra la inactividad del Ayuntamiento de Benalmádena.
Tras la interposición del recurso, el Ayuntamiento persistió en la negativa de acceso al expediente requerido, lo que supone, según denuncian los socialistas, “una vulneración del derecho de participación de los concejales, consagrado en el artículo 23 de la Constitución”.
Ochoa ha lamentado que el PSOE tenga que acudir a los tribunales para poder ejercer su labor de oposición. “Esta sentencia pone de manifiesto la escasa transparencia del equipo de gobierno del PP en Benalmádena, con el alcalde, Juan Antonio Lara, a la cabeza”, criticó Ochoa.
La socialista, que ya ha interpuesto casi una veintena recursos contencioso-administrativos por este mismo motivo, asegura que “seguiremos acudiendo a los tribunales si el PP continúa coartando y dificultando nuestro trabajo de control y fiscalización del gobierno municipal”.
Agenda judicial
Al primer edil de Benalmádena, Juan Antonio Lara, en solo dos años de mandato se le agolpan los procesos judiciales en su agenda y algunos casos, según se hace eco la prensa nacional, inquietan especialmente en Génova. En el bautizado por este medio como ‘Caso Legionella‘, Juan Antonio Lara ha sido citado a declarar como investigado por posibles delitos contra la Administración pública derivados de la compra de maquinaria por valor de 35.404,60 euros de las arcas públicas, en la que pudieran haberse dado hechos consecutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
Además, de momento, también quedan por resolver casi una veintena de denuncias por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia, a lo que se suma la relativa a los presupuestos municipales de 2024 por su posible vulneración del principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril y la denuncia al Puerto deportivo por el presunto contrato de una letrada que, según el PSOE, “tiene procedimientos abiertos contra la propia marina benalmadense”, entre otros.
