Benalmádena vuelve a situarse en el foco judicial tras la declaración del alcalde, Juan Antonio Lara, en el Juzgado como investigado en el bautizado por este medio como caso Legionella, un procedimiento que ha reabierto el debate sobre la gestión municipal y la contratación pública en el Ayuntamiento de Benalmádena.
La investigación del Juzgado de Instrucción Nº4 de Torremolinos, impulsada por la Fiscalía tras una denuncia del PSOE, analiza presuntos delitos de corrupción en la Administración pública, como prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho, tras la adquisición de maquinaria destinada a la limpieza ozonizada y al tratamiento ecológico de la cal en colegios, equipos que también previenen la legionella.
Tras esta comparecencia judicial del alcalde, en la que se negó a responder a las cuestiones planteadas por la acusación, -de la que informó en exclusiva ayer este medio-, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha pedido explicaciones a la dirección provincial del PP y el portavoz del Grupo Municipal Vox en Benalmádena, Joaquín Amann, ha reclamado una reforma inmediata de los controles internos y de los mecanismos de fiscalización de los contratos municipales.
Bernal ha señalado que la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, “tiene que dar explicaciones sobre este caso por el que ya han pasado por los juzgados el alcalde de Benalmádena y una senadora”.
“La señora Navarro debe aclarar si la dirección provincial del PP conocía cómo se gestionó la compra de este material”, ha afirmado. En palabras del socialista, “el PP es muy diligente a la hora de exigir explicaciones a otras formaciones políticas por asuntos que ni siquiera están judicializados. Sin embargo, guarda silencio cuando los casos afectan a sus propias filas, más aún cuando un alcalde y una senadora han tenido que declarar ante la jueza”.
Por su parte, el portavoz de Vox ha asegurado que el caso Legionella en Benalmádena no es un hecho aislado, sino que forma parte, a su juicio, de un problema estructural en la gestión administrativa del Ayuntamiento. En este sentido, ha vinculado la investigación judicial con una cadena de contratos presuntamente mal tramitados y servicios deficientemente gestionados, que estarían generando importantes indemnizaciones y sobrecostes para las arcas municipales.
Según Amann, el Ayuntamiento de Benalmádena lleva afrontando durante 2025 y parte de 2026 pagos derivados de decisiones administrativas incorrectas. Entre los ejemplos citados destacan el contrato de Parques y Jardines, con un coste estimado de 600.000 euros; la prórroga del contrato de limpieza de edificios públicos, que podría suponer 1,5 millones de euros en intereses y facturas pendientes; y la indemnización por el hundimiento del ‘Willow’ en el Puerto Deportivo de Benalmádena, cifrada en 700.000 euros.
Para Vox, estos casos reflejan una falta de control suficiente en la contratación pública municipal, por lo que ha solicitado una reorganización administrativa que refuerce la supervisión y evite que los vecinos de Benalmádena tengan que asumir nuevas indemnizaciones por errores de gestión.
“Es necesario que la fiscalización y los controles internos del Ayuntamiento de Benalmádena impidan que la prestación de los servicios públicos cueste más dinero a los vecinos por indemnizaciones o situaciones similares”, ha concluido Amann.
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