“El convenio de Tívoli no es un plan de futuro para Benalmádena sino un regalo envuelto en papel institucional para Grupo Inmobiliario Tremón”. Así de tajante se ha manifestado esta mañana el portavoz de Vox, Joaquín Amann, que denuncia que el acuerdo urbanístico –aprobado inicialmente– “no garantiza en absoluto el interés general, ni asegura que el parque de atracciones vuelva a abrirse, ni exige inversión real alguna a la empresa beneficiaria”.
Y es que, Amann tiene claro que el convenio de Tívoli es “pura especulación urbanística”. En esta línea, criticó que también “se especula con las ilusiones y expectativas de los vecinos”, ya que se trata de un proyecto cuya ejecución “no podrá estar finalizada antes de diez años”, lo que deja abierta la puerta a que “cambien muchas variables, entre ellas, el propio Gobierno municipal”.
El portavoz de Vox asegura que se trata de “una operación de recalificación especulativa sin contrapartidas equilibradas ni obligaciones reales para la empresa inmobiliaria”, y ha advertido de que el único efecto inmediato del convenio será “una revalorización masiva y gratuita de los terrenos propiedad de una empresa privada en quiebra”.
Asimismo, recordó que Grupo Inmobiliario Tremón -sociedad en concurso de acreedores desde hace 17 años-, “fue precisamente quien cerró el parque de ocio por no ser rentable. ¿Y ahora se nos pretende hacer creer que un parque igual de grande, segregado del centro comercial y del hotel, va a ser rentable?”.
“No hay sinergias, no hay planificación conjunta. Hay tres parcelas distintas, con usos distintos y sin ninguna obligación efectiva de construir un parque completo”, subrayó Amann.
Venta del suelo
Por otro lado, desde Vox también se advierte que el convenio permite al grupo inmobiliario madrileño la venta de los terrenos “tras presentar un simple proyecto, sin necesidad de ejecutar ninguna obra, y que no se establecen cláusulas penales, ni condiciones mínimas, ni superficie mínima obligatoria para el parque de atracciones”.
Del mismo modo, denuncian que la operación compromete infraestructuras y servicios públicos “sin contemplar ninguna compensación económica para el Ayuntamiento. No se garantizan nuevos accesos, y el previsible aumento del tráfico solo agravará el colapso que ya sufrimos a diario. Y ni un solo euro se destina a reforzar servicios esenciales como la limpieza, la recogida de residuos o la seguridad ciudadana, que ya están saturados”.
Alegaciones rechazadas
Entre las alegaciones presentadas por Vox al convenio – rechazadas por el Partido Popular- se proponían medidas como la cesión gratuita al Ayuntamiento del suelo del parque resultante tras la recalificación; garantía económica de 60 millones de euros para asegurar la ejecución del parque; calificación del suelo del parque resultante del convenio como dotacional público, para impedir su transformación futura; explotación del parque mediante concesión administrativa, con seguimiento municipal y reversión automática de la recalificación en caso de incumplimiento por parte del promotor.