La decisión en solitario del Gobierno local de Benalmádena sobre que Emabesa continúe al frente de la gestión del suministro del agua y de aprobar inicialmente el convenio de planeamiento urbanístico de Tívoli no han pasado de puntillas por el pleno del mes de junio, suscitando el rechazo y las críticas de la oposición.
Y, aunque a simple vista no existe conexión alguna entre Emabesa y Tívoli, más allá de que son los contratos entre empresas privadas y Administración pública que, con diferencia, mueven más dinero en Benalmádena en este mandato, una investigación realizada por Ole Benalmádena revela que el creador del documento en el que se plasmó el protocolo para el desarrollo urbanístico de Tívoli fue José Almenara, secretario del Consejo de Administración Emabesa.
Según puede probar este medio, Almenara, secretario de Emabesa desde el 24 de agosto de 2023 y al que no une ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Benalmádena -al menos de la que exista documentación pública- es el autor del documento de Word en el que se desarrolla el contenido pormenorizado del protocolo firmado por el alcalde, Juan Antonio Lara, y el director general del Grupo Inmobiliario Tremón, Andrés Gilabert, para su reapertura junto a la edificación de varios hoteles y un gran centro comercial en los terrenos del parque de atracciones Tívoli World.
En concreto, el secretario de Emabesa generó el documento en la tarde del 16 de febrero y finalizó la redacción y revisiones del mismo en la tarde del 19 de febrero, siendo al día siguiente, el 20 de febrero -fecha en la que se celebró la sesión plenaria del segundo mes del año-, filtrado a un medio de comunicación provincial y a las 12.00 horas del día 21, firmado públicamente por los representantes de la Administración pública local y la empresa inmobiliaria madrileña.
En cuanto a la línea temporal que se puede comprobar que siguió después este documento, una vez se le dio uniformidad al formato, el 24 de febrero se exportó a Formato de Documento Portátil (PDF) en los sistemas informáticos municipales y se subió a la web oficial del Ayuntamiento, para iniciar el periodo de exposición pública, tal y como marca la legislación. Una vez expirado el plazo estipulado para este trámite y desestimadas todas las alegaciones presentadas tanto por los tres partidos políticos de la oposición -PSOE, Vox e IU-Podemos- como por dos asociaciones, se procedió a su aprobación inicial en el pleno celebrado el 19 de junio, gracias a la mayoría absoluta del PP en el Gobierno de Benalmádena.
Pese a que, tanto el Ayuntamiento de Benalmádena como el Grupo Inmobiliario Tremón disponen de equipos técnicos de asesoramiento jurídico, de suponer que de total confianza para ambos, el Gobierno local parecer ser que prefirió acudir al secretario de Emabesa para la redacción de este convenio de calado “histórico para Benalmádena”, en propias palabras del primer edil, Juan Antonio Lara.
Llama la atención, el que se haya proporcionado a un particular información urbanística sensible, -en tanto que refleja modificaciones del PGOU y una reordenación de Arroyo de la Miel- sin la existencia, al menos que se sepa, de algún tipo de relación contractual que garantice la confidencialidad y regule el tratamiento de dicha información para garantizar la protección de los derechos de los interesados, entre ellos, los propios benalmadenses.
Al tiempo, resulta desazonador que no se haya velado por proteger de modo alguno el contenido del documento ante posibles vulneraciones y/o accesos no deseados, puesto que al haberse creado en un ordenador o dispositivo electrónico ajeno al Ayuntamiento, no dispone de seguridad adicional, y en este caso concreto, podemos asegurar que de ninguna de ningún tipo, que impidan que, como ha hecho Ole Benalmádena, se puedan conocer libremente datos relevantes como su autoría, fecha de creación, formato, número de correcciones, entre otros.
O aún peor, que terceros ajenos a su creador, negociadores implicados, Gobierno local o Grupo Tremón, hubieran podido acceder a los pormenores del contenido de este convenio urbanístico con anterioridad a su firma y exposición pública, pudiendo beneficiarse de algún modo de esta información privilegiada respecto a las modificaciones proyectadas, -ahora aprobadas inicialmente,- del plan general de ordenación urbana de Benalmádena. Un supuesto que no le debería resultar desconocido al Ayuntamiento, que precisamente hace justo un año sufrió un ciberataque a través de los ordenadores particulares de trabajadores públicos durante el horario de teletrabajo.
Una vez conocida la «historia de saqueo» del complot ayuntamiento-emabesa, y ahora esta connivencia entre emabesa-tivoli y ayuntamiento, ¿nadie va a explicar nada sobre ello? ¿Debemos entender que todo esto es normal y no precisa aclaraciones?