Las reacciones a la citación del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, como investigado en el bautizado por este medio como Caso Legionella, no se han hecho esperar. El grupo municipal del PSOE, cuya denuncia ante Fiscalía ha provocado el inicio del procedimiento judicial, se ha mostrado contundente: “Lara ha convertido el Ayuntamiento, la institución de todos, en su chiringuito personal” mientras que desde Vox se afirma que es “muy grave que un alcalde tenga que declarar ante la justicia por un posible caso de corrupción”.
En palabras del portavoz de Vox, Joaquín Amann, el Caso legionela “huele muy mal, puesto que hay datos que permiten pensar que el Partido Popular no actuó como debía con los recursos públicos de todos los vecinos de Benalmádena”. No obstante, subrayó que “debemos respetar la presunción de inocencia, pero nunca es positivo que un alcalde sea citado como investigado por su gestión de las empresas públicas”.
El proceso judicial abierto por el Caso Legionella ha hecho saltar todas las alarmas y Amann ha anunciado que “vamos a exigir un control exhaustivo de todos aquellos contratos menores realizados, que muchos ayuntamientos utilizan para dar a dedo a sus amigos y familiares”.
Por su parte, la secretaria de Organización y diputada provincial, Isabel Ruiz, no se anduvo por las ramas: “El alcalde, Juan Antonio Lara, está siendo investigado por fraccionamiento de contratos. En septiembre de 2023 adquirió maquinaria para prevenir la legionella al marido de una concejala de su gobierno, y las máquinas fallaron, hubo un positivo por legionella y la presunta compra fraudulenta salió a la luz, mientras ponía en riesgo la salud de los estudiantes”.
El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, también ha pedido a Lara que dé explicaciones “porque los vecinos y vecinas de Benalmádena quieren saber cómo se compraron las máquinas que deberían de haber detectado en los colegios la bacteria”.
Además, Bernal añade que “el alcalde de Benalmádena está imputado y tiene que dar explicaciones ante el juez, pero principalmente lo que tiene que dar son explicaciones ante los vecinos y las vecinas de Benalmádena”.
“Queremos saber por qué se compró esa maquinaria al marido de una concejala del Partido Popular, queremos saber por qué se intentó eludir el control financiero y por qué se fraccionó, que es el motivo de su imputación”, manifestó Bernal, que añadió que “también queremos saber qué más hay en ese señalamiento directo por parte del juzgado contra el señor Lara por un procedimiento que, por lo pronto, ya el hecho de que se investigue está diciendo que es irregular”.
Desde el Ayuntamiento, el pasado mes noviembre cuando Fiscalía daba traslado al Juzgado los hechos denunciados por el PSOE sobre el ‘Caso Legionella’, se aseguraba que “es totalmente falso que exista fraccionamiento de contratos en la adquisición de máquinas antical para el municipio”, y que la contratación “ha seguido rigurosamente el procedimiento establecido por la Ley de Contratos del Sector Público”.
En aquel comunicado, también se manifestaba que el Gobierno local “confía en que se pueda aclarar cuanto antes esta situación y la causa sea archivada a la mayor brevedad posible”. Asimismo, se aseguraba que denuncia de las posibles irregularidades ante la Fiscalía, que ha desencadenado el procedimiento judicial “se enmarca dentro de una estrategia inédita de acoso y derribo contra el alcalde, Juan Antonio Lara”.
