Si vives en Benalmádena, prepárate: el próximo recibo del agua va a venir un poco más caro. Es ya la segunda subida del agua en lo que va de legislatura, y entre ambas el recibo se ha encarecido, según calcula la oposición, entre un 30% y un 40%, después de siete años con la tarifa congelada.
El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publicó el pasado 25 de junio la nueva Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario del Servicio de Abastecimiento de Agua, y con ella llega una nueva subida del 2,3% que no se queda en un solo apartado de la factura, sino que lo toca todo: la cuota fija, el consumo doméstico, las tarifas de negocios y hoteles, las fianzas, los derechos de acometida… todo.
Los más de treinta epígrafes de la tarifa, desde el bloque de consumo doméstico más barato hasta la fianza del contador industrial más grande, suben exactamente ese 2,3%. Todo el cuadro tarifario se ha revalorizado en bloque para actualizar el índice de precios al consumo (IPC).
Esta subida, además, no se entiende sin el ruido de fondo que lleva meses rodeando al agua en Benalmádena. Desde que gobierna el PP, tanto en el Ayuntamiento como en la Mancomunidad, la polémica no es solo el precio, sino el modelo de gestión. Al acabar el verano pasado la concesión de 25 años con Aqualia, se abría la puerta a que Emabesa volviera a ser de gestión pública. El Gobierno local prefirió encargar un informe externo que recomendaba seguir con la gestión mixta, mientras PSOE, Vox e IU-Podemos —partidarios de la municipalización— cuestionaban su rigor.
Vox calcula que los ingresos del servicio pasarían de 11,7 a más de 30,7 millones de euros en 2050, lo que en la práctica supondría que una familia que hoy paga unos 60 euros cada dos meses podría llegar a pagar 180 en esa fecha. IU pidió un referéndum, que no prosperó por la mayoría absoluta del PP, y vio desestimados en bloque sus recursos contra el acuerdo. El PSOE -que está recogiendo firmas de apoyo- ya lo ha llevado a los tribunales, que han admitido su recurso, mientras Emabesa sigue operando de forma provisional, sin invertir ni pagar el canon municipal.
La oposición avisó, pero no pudo frenarla
Que nadie piense que esta nueva subida ha pasado sin que se dijera nada. La oposición municipal ya presentó alegaciones cuando la modificación de la tarifa se debatió y se aprobó, en primera instancia, en el Pleno. El problema es que ese es el único momento en el que realmente se puede pelear la decisión y una vez superada esa fase que con una mayoría absoluta del PP se queda solo en el debate, el margen para seguir reclamando prácticamente desaparece. Así que cuando llegó el trámite posterior de información pública y audiencia —el paso obligado entre el acuerdo inicial y la aprobación definitiva— no se presentó ninguna reclamación ni sugerencia adicional, según recoge el propio edicto municipal. Ese silencio en la segunda fase, y no la falta de oposición política, fue lo que bastó para que el acuerdo quedara automáticamente elevado a definitivo, sin necesidad de un nuevo debate en el Pleno, tal y como permite el artículo 49.4 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Conviene aclarar además qué es exactamente lo que se está pagando. No es una tasa municipal al uso, sino una prestación patrimonial de carácter público no tributario, una figura jurídica que se creó en 2017 para los servicios que se prestan mediante gestión indirecta o mixta, como es el caso del agua de Benalmádena, que la gestiona Emabesa, la Empresa Municipal de Aguas, que es una sociedad de economía mixta. La subida, por lo demás, cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía, que la autorizó el 5 de mayo a través de la Dirección General de Tributos, Financiación y Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.
Lo que va a notar el bolsillo de cada casa
Vayamos a lo concreto, que es lo que de verdad importa cuando llega el recibo. Para una vivienda con el contador más habitual —hasta 15 mm, el que tiene prácticamente cualquier piso o casa— la cuota fija mensual pasa de 3,6063 € a 3,6892 €. En el consumo, el primer bloque, el de hasta 5 m³ al mes, sube de 0,35446 €/m³ a 0,3626 €/m³, y el tramo más caro, el que penaliza a quien gasta más de 30 m³ mensuales, pasa de 1,54262 €/m³ a 1,5781 €/m³.
Hagamos la cuenta con un ejemplo sencillo. Una familia que consuma 12 m³ al mes —una cifra bastante habitual— pasará de pagar unos 9,03 € mensuales solo en cuota fija y consumo a unos 9,23 €, sin contar impuestos ni el resto de conceptos. Poca cosa, sí, unos 20 céntimos al mes, que se suban al incremento ya aplicado meses atrás. Pero esa es precisamente la trampa de una subida proporcional: se nota tan poco en cada recibo individual que casi nadie repara en ella, aunque multiplicada por los miles de abonados del municipio y sostenida trimestre tras trimestre, año tras año, deja de ser una anécdota.
Tampoco se libran los negocios, los hoteles ni las fianzas
La subida no entiende de tipos de usuario. Los negocios y comercios verán cómo su primer bloque de consumo pasa de 0,7817 €/m³ a 0,7997 €/m³, y el sector hostelero pagará 1,1516 €/m³ frente a los 1,1257 € de antes. Incluso las grandes cadenas hoteleras —la ordenanza las define como establecimientos de más de 750 habitaciones— notarán el aumento, de 0,8485 € a 0,8680 € por bloque único.
Y no se queda ahí: también suben las fianzas que hay que depositar al darse de alta, y los derechos de acometida para quien conecta una vivienda nueva a la red, calculados con una fórmula que combina dos parámetros —»A» y «B»— que igualmente se han revalorizado un 2,3%, pasando de 34,0393 € a 34,8222 € y de 370,3271 € a 378,8446 € respectivamente. Los únicos que se libran, aunque sea a medias, son las dependencias municipales y los organismos oficiales, que ya pagaban tarifas casi simbólicas y ahora las tienen ligeramente más altas, en la misma proporción que todos los demás.
¿Quién decide realmente esta subida del agua?
Aquí llega la pregunta que de verdad importa, y que ni el edicto del BOP ni el texto de la ordenanza responden del todo: ¿por qué exactamente un 2,3%? Ese porcentaje corresponde a la actualización de las tarifas conforme al IPC. La actualización de las tarifas conforme al IPC no la decide el Pleno del Ayuntamiento, sino el consejo de administración de Emabesa, el órgano de gobierno de la empresa que gestiona el servicio. Dicho de otro modo: al Pleno, y a la oposición dentro de él, le queda un margen bastante estrecho. Puede alegar contra la subida cuando se aprueba, como ya hizo, pero la revisión ligada al índice de precios se decide, en última instancia, en una sala de juntas de la empresa, no en el debate político que sí es visible para el ciudadano.
Tampoco queda claro si esa recaudación extra se va a traducir en inversiones concretas para mejorar la red de abastecimiento. La ordenanza solo menciona, de forma genérica, el llamado ‘canon de mejora’, un recargo transitorio pensado para financiar infraestructuras que, de aplicarse, tendría que aprobarse aparte, en un Pleno futuro.
La nueva tarifa entra en vigor tras su publicación íntegra en el BOP y una vez transcurrido el plazo que marca el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, y se mantendrá así hasta que se apruebe una nueva modificación o se derogue expresamente.
Al final, la factura del agua de cada vecino de Benalmádena va a subir céntimo a céntimo, mes a mes. Un 2,3% no parece mucho hasta que se suma trimestre tras trimestre, año tras año, y se comprueba que quien decide cuánto pagamos por algo tan básico como el agua no es el Pleno que nos representa, sino un consejo de administración que sesiona lejos del foco. La próxima vez que llegue el recibo, merece la pena mirarlo con algo más de atención.
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