El Puerto de Benalmádena, condenado a readmitir a su ex gerente Manuel Jiménez, podría sumar más directivos

Los despidos realizados en las empresas municipales con la llegada del Gobierno de Juan Antonio Lara se han estampado contra un muro judicial. Dos ex gerentes, Eva Fortes de Innoben y Manuel José Jiménez del Puerto deportivo, han logrado sendas sentencias favorables en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declara sus despidos improcedentes (sin causa legal que los justifiquen) y condena a la Administración pública a readmitirlos o, si estos quieren extinguir la relación laboral, a abonarles una indemnización económica.

Ante las sentencias del alto tribunal andaluz cabe recurso en el Tribunal Supremo, un derecho ya ejercitado por Innoben en el caso de Fortes, -quien ya ha vuelto a hacerse cargo de la gerencia de esta empresa municipal-, y, probablemente sea la misma estrategia judicial que siga la marina benalmadense con Manuel Jiménez.

Sin embargo, en el caso de este último, no va a resultar tal fácil su reincorporación, como ordena el tribunal, al menos en el puesto que le corresponde. El motivo es que, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, mañana se va a celebrar un Consejo de Administración del Puerto deportivo para modificar la relación de sus puestos de trabajo y realizar un nombramiento.

En concreto, según las verificaciones documentales realizadas por este medio, lo que se propondrá es eliminar el puesto de gerente del Puerto y duplicar los cargos directivos con dos nuevas cualificaciones: una de director/a de Explotación -mañana se podría dar a conocer quien ocupará este puesto- y otra, para un cargo de director/a técnico/a.

El resultado del Consejo de Administración de mañana, en el que el Gobierno local de PP goza de mayoría, es clave para resolver las distintas incógnitas que ahora se plantean. La primera de ellas se centra en si existe algún informe técnico que justifique la necesidad de este incremento de puestos directivos en la marina benalmadense y el coste anual en sueldos; cuáles serán las responsabilidades de Jiménez una vez se reincorpore a la empresa pública -teniendo en cuenta que debe hacerlo en las mismas condiciones, al menos económicas, que cuando fue despedido-, y evidentemente, cual es el proceso de selección para ocupar los nuevos puestos si fueran aprobados, en tanto que la normativa actual, desde el año 2018 concretamente, obliga a que los altos cargos -directores, gerentes o secretarios generales- de las empresas públicas sean seleccionados a través de concurso público, al que podrá aspirar cualquier ciudadano que tenga la capacidad y la preparación para presentarse al cargo.

De hecho, esta es una de las medidas de regeneración democrática aprobadas años atrás por la Junta de Andalucía con la que puso fin a la designación de estos puestos directivos por criterios políticos a favor de la libre concurrencia, mérito y capacidad, en una apuesta por la transparencia. Así que, de nombrarse mañana en el Consejo de Administración del Puerto al director/a de Explotación se debería hacer público también el concurso público por el que ha accedido a este cargo tal y como obliga la ley y así, de paso, evitar en caso de un futuro despido que se vuelva a repetir el periplo judicial actual.

Últimamente, el caos laboral parece reinar en las empresas públicas de Benalmádena con despidos improcedentes, según el TSJA, ceses repentinos (como el María José Lara Bautista, ya ex gerente de Provise, entidad pública salpicada por la polémica del Caso Legionella y las posibles irregularidades que pudieran constituir delitos de corrupción en el procedimiento de compra de maquinaria en la que estaría involucrado el marido de una concejala del PP) y dimisiones, como la del que fuera el pasado año gerente precisamente del Puerto, Miguel Muñoz Jiménez, y que este 2025 está al frente de Provise.

Así las cosas, la realidad es que ni el alcalde, Juan Antonio Lara, ni ningún miembro de su equipo de Gobierno, responsables de la decisión de estos despidos, ahora improcedentes, de los recursos presentes y futuros ante el Tribunal Supremo o del incremento de cargos directivos, -que en vistas a los argumentos del TSJA pudieran ser designados ahora políticamente y quedarse indefinidamente-, tendrán obligación económica alguna al respecto, siendo de nuevo los benalmadenses quienes tengan que asumir el coste de la gestión política.

Última sentencia

El TSJA argumenta en esta última sentencia que “el dato fundamental para determinar si nos encontramos o no ante una relación laboral especial de personal de alta dirección, independientemente de la denominación formal que hayan podido dar las partes a la relación laboral que les vincula, es que el alto cargo ejercite realmente poderes inherentes a la titularidad de la empresa, participando en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial y gozando de autonomía en la toma de decisiones”.

Y, según se refiere en el texto, éste no es el caso de Manuel José Jiménez puesto que “no ostentaba poderes inherentes a la titularidad de la empresa, no constando que la empresa le hubiese otorgado dichos poderes, sin que se haya acreditado que participase en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial, pues conforme al artículo 18 de los estatutos sociales del Puerto Deportivo de Benalmádena, la empresa se encuentra administrada y regida por el Consejo de Administración”.

Aunque el alto tribunal andaluz si que destaca que Jiménez “no era un trabajador normal, pues no tenía un horario fijo de trabajo, no constaba en los turnos de trabajo ni en el listado de vacaciones de los empleados de la empresa”, entre otras circunstancias, esto “no es suficiente para considerar que nos encontremos ante un personal de alta dirección, sino que realmente era un mando intermedio”.

En el fallo se condena al Puerto deportivo a la readmisión o indemnización de Jiménez, que deberá ser quien tome la decisión. Eso sí, se especifica que, en cualquiera de los casos, se deberán descontar las cantidades económicas que ya percibió el que fuera gerente del Puerto en concepto de indemnización por el desistimiento de la empresa municipal y de seis meses de salario por el preaviso no realizado.

En el caso de que el Puerto deportivo recurra, que es lo más probable, tendrá que mantener en su puesto a Jiménez -alta en la Seguridad Social y abono de salarios-y consignar en la cuenta designada por el juzgado, 600 euros así como la cantidad objeto de condena, que podrá ser sustituida por la constitución de aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.