El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ya ha remitido respuesta al requerimiento de Subdelegación del Gobierno en el que se declara “nulo de pleno derecho” el presupuesto de Benalmádena para 2024 e insta al Ayuntamiento a su anulación, y a la elaboración de uno nuevo en el que se recoja “una reducción de gastos […], dando así cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria”.
Según el documento al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno local ha decidido continuar con las actuales cuentas municipales para este año al entender que “un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos, pero que no conlleva la obligación de ejecutar todas sus partidas de inversión/gasto”.
Desde este prisma, en el caso de que exista un desvío de los ingresos respecto a los gastos, como alertan técnicos, oposición y Gobierno central, Lara asegura que “no se ejecutarían ciertas partidas de las aplicaciones presupuestarias para, así, cumplir con el mandato legal; en concreto, en el momento que se produzca dicha desviación se procedería a la declaración de no disponibilidad”.
Sin embargo, nada explica sobre qué partidas se sacrificarían, cuál es la cuantía mínima que deben superar los gastos respecto a los ingresos para que se decida llevar a cabo estas medidas “correctivas” o si esta decisión será técnica o puramente política.
Por su parte, la oposición lleva meses criticando que la previsión de ingresos que defiende el Gobierno local es “un dogma de fe”. Así, por ejemplo, se prevé recaudar solo en concepto de plusvalía más de 36 millones de euros frente a los casi 8 liquidados en pasado año, así como otras “excepcionalmente positivas” estimaciones recaudatorias en todos los capítulos que gestiona el Ayuntamiento (tasa de cementerio, licencias de obras, multas, etc.), unas previsiones, a juicio de la oposición, “desorbitadas e irreales”. A ello, cabe sumar las últimas críticas en el incremento del gasto corriente con decisiones tales como el aumento al máximo permitido, del número de personal de confianza, que pasará a sumar un total de 25 cargos.
Así las cosas, el temor que viene manifestando la oposición es que “la irresponsabilidad del Gobierno de mayoría absoluta del PP, que juega con el dinero de los vecinos, deje en un pufo de casi 37 millones de euros”, un dato avalado en el informe de Intervención en que se deja constancia de que “puede afirmarse, con premura y evidencia clara, que los ingresos no son suficientes para el cumplimiento de las obligaciones previstas”, una advertencia ratificada ahora por el Ejecutivo.
Sin embargo, el alcalde defiende, según consta en el escrito que ha remitido a Subdelegación del Gobierno, que la anulación del presupuesto es una medida “desproporcionada y estéril”, que afectaría “a la totalidad de la política de inversiones, mejoras y planificación del modelo de ciudad previsto en los mismos”.
Y es cierto que elaborar un nuevo presupuesto aplicando el recorte de 37 millones de euros que le piden técnicos, oposición y Subdelegación de Gobierno, y así cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los objetivos de déficit y las reglas fiscales, paralizaría de momento las inversiones municipales, pero no se puede obviar que continuar con las cuentas no ofrece certidumbre económica alguna a Benalmádena ya que podría conllevar exponerse a sanciones, a la imposibilidad de concurrir a fondos supramunicipales así como a la intervención Agencia Tributaria y la posibilidad, según ha dicho el propio alcalde, de que no se puedan realizar todas las inversiones prometidas a la ciudadanía.
Gastos controvertidos
La gestión del dinero público realizada por el nuevo Gobierno popular en su primer año de legislatura no ha pasado desapercibida y las críticas de la oposición sobre los gastos «superfluos» vienen siendo una constante.
La compra de banderas por valor de 49.586,76 euros, -también criticadas porque el alcalde las dedica de su puño y letra-, los 11.788,50 euros para el tapizado de sillas, la subvención directa nominativa de 4.119,80 euros al Obispado para que repare el reloj de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Benalmádena pueblo “sin ni siquiera conocer previamente cuánto costará el arreglo”, el pago de 6.037,90 euros en cuatro facturas a un asesor externo por un informe de medio folio con faltas ortográficas, el gasto del Puerto Deportivo de Benalmádena en siete días de más de 6.000 euros en comidas de “protocolo”, los gastos en rotulación de vehículos con el polémico nuevo logotipo municipal, el aumento al máximo de puestos de confianza para llegar a 25, una cafetera de casi 500 euros para Alcaldía o la compra de retratos del Rey Felipe VI al Palacio Real, son algunos de los variopintos gastos que han salido a la luz pública en este año de legislatura.
